Luego de que se le mencionara en varios pasajes del sumario en contra del conservador de bienes raíces Sergio Yáber, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco acudió hasta la Tercera Fiscalía Judicial en San Miguel para entregar su versión de los hechos, que forman parte de la denominada trama bielorrusa, en sede adminsitrativa.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, habrían realizado una serie de pagos a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a través de su pareja, Gonzalo Migueles, luego de que ésta fallara a favor de los intereses de la empresa en un litigio que esta mantenía con Codelco. Este dinero habría sido blanqueado mediante operaciones en las que participaron los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber y Yamil Najle y el dueño de una casa de cambio, Harold Pizarro.

A la salida del inmueble, la suspendida ministra hizo sus descargo. “Espero que ahora en esta situación que estoy, que es un proceso penal, realmente haya la racionalidad para conocerlo y para valorarlo y en consecuencia confío, siempre he confiado en la justicia y sigo confiando en que aquí haya realmente la posibilidad efectiva de defenderme y la posibilidad de que realmente estos hechos se investiguen”, dijo.

Seguidamente, explicó que no ha declarado debido a que la causa ha estado bajo reserva. “Eso impide que uno declare, porque en el fondo está declarando con ojos cerrados, sin saber de qué le van a preguntar y qué es lo que hay en la causa", precisó. También dijo que cuando se le citó a declarar en marzo pasado en Puerto Montt no pudo acudir por un problema de salud y que una vez que éste se resolvió, se decretó una reserva de seis meses, lo que le impidió nuevamente prestar declaración.

En cuanto al sistema de nombramientos, y a cómo llegó al máximo tribunal sostuvo: “Yo tuve ningún tipo de maniobra ni cosa parecida, y en consecuencia yo no siento que haya hecho nada ilícito para ingresar al Poder Judicial, y como es obvio, tampoco hice nada ilícito mientras estaba en el Poder Judicial”.

Adicionalmente, reiteró que “siempre” ha colaborado con la investigación y defendió haber borrado algunos de los mensajes de su celular, que fue periciado. “Aquí no hay ninguna teoría conspirativa. Uno es dueño de sus aparatos electrónicos y es dueño de borrar los mensajes, los correos, aquello que estima del caso”, argumentó.

Junto con afirmar que la crisis del Poder Judicial “es un tema multifactorial” y negar haber contribuido en ello, descartó haberse reunido con los abogados Vargas y Lagos en la oficina de estos para recibir pagos. “Jamás me invitaron a esa oficina, jamás fui, jamás he estado y jamás he recibido nada de ellos, ni en esta oficina ni afuera”, negó.

La exministra también afirmó que su vínculo con Yáber terminó una vez que éste dejó de trabajar con su marido en 2024. Respecto de los contratos que, según la Fiscalía, Najle y Migueles habrían realizado para disfrazar el pago de coimas y que ella habría revisado, acotó: “Yo no le envíe ningún correo electrónico a Najle, a mí mi pareja me pide que revise un contrato del año 2025, cuando yo ya no era ministra, y yo se lo mando a él con las observaciones mías, y él es el que se lo manda a Najle. Era un contrato totalmente común y corriente de prestación de servicios, no tenía nada que a mí me llamara la atención y a mí me lo pidió como abogada”.