Bahrein es el país más pequeño del Golfo Pérsico, con un millón de habitantes. La privilegiada posición geográfica del emirato nunca ha pasado desapercibida para las potencias occidentales, en busca de una presencia constante en la zona con mayor riqueza petrolífera del planeta. Comparte frontera con Catar por el sur y el este, y con Arabia Saudita por el oeste y noroeste.

Aliado privilegiado de Estados Unidos, que utilizó sus bases para atacar Irak en las dos guerras del Golfo, el reino de Bahrein es un conjunto de etnias gobernado por la dinastía sunita de la familia Al Khalifa, a cuyo frente está el rey Hamad.

Bahrein es una monarquía constitucional, pero el primer ministro, el jeque Khalifa bin Salman al Khalifa, y el resto gobiernan según las ordenes de la familia real, cuyos miembros están en la mayoría de los puestos de responsabilidad y poder.

A pesar de la bonanza económica del reino, la tensión entre la comunidad chiita, que representa un 80% de la población, y la sunita impiden al país árabe alcanzar una mínima estabilidad social.

El enfrentamiento entre ambas etnias está en el origen de la actual protesta, que por el momento ha dejado con cinco muertos y decenas de heridos.

Los chiita acusan históricamente al régimen de someterlos a una continúa discriminación y de privarles del acceso a la riqueza.

El sentimiento general en Bahrein es que el rey Hamad no ha colmado las expectativas del pueblo cuando sucedió en el trono a su padre en 1999 y emprendió una serie de reformas,  que se tradujeron en la adopción de una nueva Constitución.

Estos cambios culminaron en 2002 con la celebración de las primeras elecciones parlamentarias en casi 30 años, y en las que por vez primera la mujer pudo votar. Además, el rey suprimió la tortura en los interrogatorios y liberó a más de 300 presos políticos, aunque más de un millar siguen encarcelados esperando juicio.

Las manifestaciones que se desarrollan en Bahrein estos días han tomado impulso por el efecto contagioso de las revueltas en Egipto y Túnez.

Distintas denuncias han sido documentadas por grupos de derechos humanos como Human Rights Watch para ilustrar el acoso y la falta de libertad a la que se ven sometidos sistemáticamente los opositores al régimen.

Algunos de ellos, según HRW, fueron acusados de terrorismo poco antes de las últimas elecciones, celebradas el pasado 23 de octubre. En el mismo periodo preelectoral, el gobierno cerró varias revistas y páginas web críticas con el régimen.

HRW ha reclamado a Bahrein que garantice a sus ciudadanos el derecho a reunirse pacíficamente y expresar sus puntos de vista y que elimine las leyes que restringen estas libertades.

Internet, como en otros países árabes, está siendo utilizado por los activistas de Bahrein para coordinarse. El gobierno del emirato restringió todo lo posible el acceso a la red y cerró esta misma semana una página en Facebook de un grupo que llamaba a la movilización el pasado 14 de febrero, marcado en el calendario como el Día de la Ira, haciendo suya la terminología empleada por el movimiento anti Mubarak en Egipto.

Los miles de jóvenes chiitas que secundan las protestas reclaman una nueva Constitución y la renuncia del primer ministro, que lleva 40 años en el cargo. Pero, sobre todo, piden que se les escuche.