Chiloé despertó. La crisis de la marea roja hizo que la paciencia de los chilotes explotara y salieran a las calles a protestar y a demostrar su descontento, primero por lo que consideran un escaso apoyo del gobierno ante el desastre natural que enfrentan, pero también por una serie de demandas históricas que, a su juicio, siguen sin solución.

Su manifestación ha recibido el apoyo de diferentes grupos a lo largo del país. Numerosas manifestaciones a favor de sus demandas se han efectuado en Valparaíso, Santiago y Concepción.

Pero Chiloé no ha sido la única zona del país que se ha levantado en contra de las autoridades para demostrar su  malestar. Antes existieron otras manifestaciones que despertaron la atención del país: Atacama, Tocopilla, Juan Fernández, Aysén y Magallanes, alzaron su voz y pusieron sobre la mesa la necesidad de contar con más poder de decisión y recursos.

“Está crisis que se ha detonado en Chiloé es la gota que rebasó el vaso. Aquí, lo que hay de fondo, es una decisión política que permite que las cosas pasen, que depende del modelo de desarrollo que Chile tiene”, indica Juan Carlos Viveros, del movimiento “Defendamos Chiloé”.

“Demandas históricas”

Tocopilla protestó en 2013 por una serie de demandas históricas, como la reconstrucción post terremoto de 2007 y la falta de especialistas médicos, entre otros. Ayer, una vez más, un grupo de vecinos y gremios locales se manifestó contra la instalación de una planta de revisión técnica en la comuna y una serie de demandas que, dicen, no han sido cumplidas por las autoridades.

Fernando San Román, edil de Tocopilla, hace una diferencia entre este movimiento y el ocurrido hace tres años. “La manifestación de 2013 fue un gran movimiento social, por temas de fondo de la comunidad, mientras que el de ayer fue un movimiento principalmente gremial”.

A pesar de eso, dice que aún existen “demandas históricas” incumplidas con Tocopilla. Siendo salud y educación ejes centrales de su petitorio. San Román adjudica estos problemas al “centralismo asfixiante y brutal” que tiene el país. Y advierte que “siento que las comunas y regiones están despertando, están alzando la voz y cuando Tocopilla lo tenga que hacer lo hará”, advierte.

Una situación similar se vive en el archipiélago de Juan Fernández. Según cuenta Felipe Paredes (IND), alcalde de la isla, son tres los compromisos históricos incumplidos por el Estado: servicios básicos, reconstrucción post 27/F y legislación especial. “Todos los gobiernos reconocen que no han podido, de forma eficiente, abordar las necesidades de un territorio insular como el archipiélago Juan Fernández”, sostuvo Paredes.

En el caso de Atacama la cosa fue más compleja. Fueron 67 días de paro por parte de trabajadores del sector público contra el gobierno por demandas relacionadas con la educación, salud, vivienda y, además, un bono adicional al sueldo por el costo de vida.

La mesa de trabajo concluyó el viernes pasado, sin acuerdo y con una queja que pusieron los trabajadores ante una corte internacional. “Decidimos presentar una queja ante la OIT por el incumplimiento del protocolo de acuerdo que se firmó en 2014. Y si bien decidimos terminar con la paralización, seguimos en estado de alerta”, dijo el presidente de la Anef de Atacama, Luis Santoni.

Magallanes también se sumó, a principios de este año, a las regiones movilizadas. Su demanda tenía un claro objetivo: un oncólogo para Magallanes. “Aún no hay claridad de cuándo llega el oncólogo, nos dijeron que este mes viene una médico mexicana, pero nos han dicho que tal vez no sea la profesional que nos dijeron y viene otra”, explicó Andrea Pérez, dirigente del movimiento “un oncólogo para Magallanes”.