Los diputados Felipe Harboe y Karla Rubilar reiteraron la solicitud  al superintendente de Bancos, Raphael Bergoeing, de prohibir el uso de los registros históricos de antecedentes comerciales por parte de las instituciones financieras.

Harboe, dijo que la realidad económica de las personas cambia con el tiempo, por ello, se requiere que los bancos actualicen la información como ocurre en todas las economías desarrolladas. "Existe lo que se llama el derecho al olvido, transcurridos cinco años de pagadas las deudas, esos registros deben ser borrados", sentenció. Además, dijo que "no es aceptable que el sólo hecho de haber tenido una deuda en algún momento de la vida, condicione la posibilidad de obtener créditos".

A su vez, la diputada Rubilar solicitó al superintendente Bergoeing una circular en que impida la utilización de los registros históricos de Dicom. También pidió que "se aplique la mayor cantidad de multas a las instituciones financieras que ocupen este artimaña para burlas las leyes que protegen a las personas".

Luego de este llamado los parlamentarios presentaron la experiencia de Caren Oñate, a quien le negaron la solicitud de una cuenta en el banco Santander por los registros históricos. "Yo cumplo con todos los requisitos. Sin embargo, me dijeron que el sistema automáticamente me rechaza", aseguró Oñate.

Harboe y Rubilar también dieron a conocer el caso de Luis Cornejo, a quien le rechazaron un crédito hipotecario en cinco bancos. El único que respondió mediante un correo electrónico fue el banco BBVA: "Puntaje insuficiente por sistema análisis riesgo SINACOFI (Sistema Nacional de Comunicaciones Financieras)".

Para Harboe esto es una burla, "los bancos se han organizado para mantener una empresa propia de los bancos, que es SINACOFI, que almacena los registros históricos".

Los diputados también se refirieron a otras empresas que están transgrediendo la ley Dicom. Esta vez un usuario se vio afectado por la incorporación al boletín mensual del dicom por una boleta de pago pendiente de la Autopista Central.

"Esta situación viola la ley. Está establecido en los artículos que no podrán pasar al boletín dicom las deudas de autopistas. Es realmente grave. Es inaceptable de una ley que acaba de ser promulgada", enfatizó la diputada Rubilar.
Harboe explicó que la ley contempla la prohibición de incorporar a los registros dicom las deudas de insumos básicos -tales como el teléfono, agua y luz- los cobros de las autopistas concesionadas: "Lo que está haciendo la Autopista Central S.A es una ilegalidad y hacemos un llamado a los directivos de la empresa a terminar con esta práctica ilegal", concluyó.