Un panel de expertos en educación convocado por el gobierno entregó recientemente al Presidente Piñera un informe con cerca de 70 propuestas para fortalecer la profesión docente en Chile.

Dado que ésta es una dimensión insoslayable de los problemas de la educación chilena, es positivo que el gobierno haya dado prioridad a la conformación de un grupo de personas de prestigio para estudiar esta materia y que pueda contar en una etapa temprana de su gestión con una batería de ideas para abordar la formación de los docentes (selección de alumnos, acreditación de escuelas de Pedagogía) y el posterior desarrollo de su carrera como profesores (remuneraciones, evaluación, retiro), así como las características, atribuciones y responsabilidades de los directores de colegio.

El panel lo integró un grupo políticamente transversal de personas ligadas al mundo de la educación y sus conclusiones respecto de la profesión docente dan cuenta de un consenso bastante madurado sobre las falencias del sistema educativo chileno en ese ámbito y las formas más efectivas de abordarlas. Sin embargo, tal como escribía ayer en estas páginas una integrante de ese panel, ex ministra de Educación, "no basta el acuerdo técnico, aunque en él hayan confluido visiones distintas", pues lo que se requiere realmente para "que estas propuestas no caigan en el vacío (es generar) un acuerdo político".

En efecto, la preocupación por la mala calidad de la educación chilena, compartida por todos los sectores del país, ha generado en los últimos años un intenso y productivo debate sobre las formas de mejorarla. Lo que falta, por ende, es que esa reflexión se concrete en cambios específicos en el sistema educativo, que por diversas razones se ha mostrado refractario a los intentos de reformas de fondo. Es al gobierno, por ende, a quien le corresponde ahora generar un entorno propicio no ya para debatir propuestas, sino para ponerlas en práctica, lo que implica poner de acuerdo a diversos actores institucionales y convencerlos de que la inercia actual es un camino seguro al estancamiento y el fracaso en materia educativa. Esto seguirá condenando a sucesivas generaciones de estudiantes a una formación mediocre que no les entrega las herramientas para desenvolverse con éxito en el mundo moderno ni para aprovechar las oportunidades que ofrece la sociedad de la información.

Así, el Colegio de Profesores debiera adoptar una actitud distinta a la que por mucho tiempo lo ha convertido en una piedra de tope a los intentos de cambio. La inamovilidad que consagra el Estatuto Docente se ha convertido en un incentivo perverso, que se suma a la reticencia a someterse a procesos como la evaluación docente. También los funcionarios del Mineduc, en lo que les competa, deben convertirse en actores que apoyen e impulsen los cambios, y no que los dificulten. Cabe señalar que el ministro ha sabido crear un clima abierto al diálogo que debiera contribuir a avanzar en distintas áreas.

Los actores políticos, desde luego, serán determinantes para avanzar en las reformas. Esto les exigirá ser consecuentes con su manifiesta inquietud por la educación y subordinar a ella otros objetivos de carácter político. El rechazo de los parlamentarios de la Concertación a la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, en mayo pasado, una iniciativa a la que habían dado el visto bueno cuando fue propuesta por el gobierno anterior, es un precedente negativo.

Los cambios que se necesitan exigirán del gobierno un liderazgo firme, pero sobre todo la voluntad de enfrentar la oposición que inevitablemente generarán y la disposición a pagar los consiguientes costos políticos. En un tema como éste, esa es la actitud que espera la ciudadanía, que en buena parte votó por la actual coalición gobernante para enfrentar problemas estructurales cuya solución ha sido por demasiado tiempo postergada.