El principio del fin de Estadio Seguro

Un plan de reingeniería administrativa, la creación de un consejo asesor y hasta la búsqueda de un nuevo nombre para el programa que dirige José Roa son algunas de las iniciativas que alista el Ministerio del lnterior.

Un día después de los graves incidentes en el Estadio Elías Figueroa, el pasado 6 de diciembre, en Valparaíso, el ministro del Interior, Jorge Burgos, confirmó el diagnóstico de un fracaso.

Ante la presencia de autoridades policiales, del gobernador de la región, Omar Jara; de los subsecretarios de Interior y de Prevención del Delito, Mahmud Aleuy y Antonio Frey, y frente al jefe del Plan Estadio Seguro, José Roa, el secretario de Estado manifestó su preocupación por las críticas a los enfrentamientos entre barristas que obligaron a la suspensión de la última fecha del torneo de fútbol nacional.

Los hechos de violencia que frustraron el duelo Wanderers-Colo Colo cristalizaron una evaluación que hacía ya tiempo preocupaba a La Moneda.

A cuatro años de la creación del Plan Estadio Seguro durante el gobierno de Sebastián Piñera -que fijaba normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos deportivos-, la promesa de suprimir los excesos en los estadios estaba lejos de cumplirse.

Atrás quedaban las palabras del entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien señaló a comienzos de 2011 que “en 18 meses se erradicará la violencia en los estadios”.

A fines del año pasado ya era claro en La Moneda que los distintos esfuerzos por mejorar la coordinación del programa que nació al alero de la Ley de Violencia en los Estadios en 2012 resultaron fallidos y fue entonces que a José Roa se le encomendó la misión de una reestructuración total del programa a su cargo.

“Hay necesidad de ajustes urgentes en la manera cómo el fútbol propone estos espectáculos a la ciudadanía”, comentó Roa por esos días.

Aunque -según fuentes de La Moneda- el gobierno meses antes ya había iniciado el estudio de alternativas para reformular el Plan Estadio Seguro, fue la polémica en Valparaíso la que puso el acelerador para un cambio estructural que incorpora modificaciones al programa a nivel administrativo, comunicacional y estratégico, las que, según se adelanta en el Ministerio del Interior, serán anunciadas en las próximas semanas y en las que -incluso- no se descarta un cambio de nombre. 

Diagnóstico desalentador

Desde que Roa llegó a las oficinas del edificio Bicentenario, en marzo de 2014, en el debut del segundo mandato de Bachelet, el abogado lideró una serie de iniciativas para evaluar el Plan Estadio Seguro y las políticas gubernamentales en la materia. 

A esa altura, el programa concentraba ya varias polémicas, entre ellas la prohibición de entrar al estadio de la “Bandita” de Magallanes e incluso el rechazo para el ingreso de hinchas con paraguas que hizo disputar algunos partidos con el recinto vacío, debido a las fuertes lluvias, así como episodios de desalojo -sin distinción- de barristas que ocasionaban desmanes como público general. 

Todo ese cuadro -al que se suma que “la familia” no ha retornado a los recintos deportivos y los últimos hechos de violencia- convenció a La Moneda de que la marca “Estadio Seguro” estaba agotada y que se necesitaba una revaluación profunda.  

Un factor clave de la reestructuración son las conclusiones de un estudio llamado “Levantamiento de línea de base sobre violencia y seguridad en los estadios”, que quedó a cargo del decano de Sociología UC, Eduardo Valenzuela.

Los resultados de ese informe aún permanecen bajo resguardo, pero, según quienes los han conocido, el documento inspiró parte importante de la propuesta de ajustes que ya está en manos del ministro Jorge Burgos y que podría marcar el fin del programa como se le conoce hasta la fecha.

 Fuentes de Interior señalaron que el trabajo encargado a la Universidad Católica, que demoró más de un año y hoy se encuentra en su etapa de “entrega final”, se estructuró en torno a tres grandes ejes de trabajo. El primer eje es un estudio de opinión nacional a partir del cual se levantaron impresiones y sugerencias del público en general sobre la problemática de la violencia en los estadios; el segundo eje corresponde también a un estudio de opinión, sólo que esta vez entre hinchas de siete clubes del campeonato nacional; el tercer componente del trabajo elaborado por los profesionales de la Universidad Católica, en tanto, corresponde a un estudio de opinión aplicado entre los vecinos de los estadios en los cuales juegan los siete clubes antes mencionados.  

A partir de ese levantamiento de información, a nivel nacional se configuró una suerte de diagnóstico básico respecto de la visión, puntos fuertes y principales críticas al programa que llevan siendo procesados por distintos equipos de La Moneda desde hace algunos meses.

Otro insumo fue un documento elaborado por la antropóloga Cecilia Muñoz -quien por un contrato a honorarios por $ 3.050.000- realizó en noviembre de 2014 un estudio etnográfico sobre los hinchas del fútbol chileno que sirvió como base para una suerte perfil de quienes asisten al estadio.

El nuevo plan

La principal conclusión a la que han llegado en La Moneda es que comunicacionalmente la batalla está perdida. El análisis de los asesores a los que Interior ha consultado por este tema coincide en un punto: nombrar Estadio Seguro al programa ha significado una carga. La promesa que contiene la sola unión de esas dos palabras pone permanentemente en cuestionamiento la labor de las autoridades públicas frente a hechos que, a veces, escapan del control de éstas.

Por ello, uno de los aspectos contenidos en la propuesta elaborada por los equipos de Interior para la reestructuración del plan dice relación con la posibilidad de cambiar la denominación del mismo. Aunque la decisión final debe tomarla el propio Burgos, la opinión mayoritaria en el gobierno es que la reingeniería del programa debiera ir acompañada de un nuevo nombre, que permita comunicar de mejor manera que la problemática de la violencia en torno al fútbol tiene responsabilidades tanto públicas como privadas. 

“Estadio Seguro se transformó en una suerte de elemento de excusa. Estadio Seguro es utilizado de manera impropia para responsabilizarlo por comportamientos que corresponden a distintos actores que tienen responsabilidad legal”, comenta el encargado del programa, José Roa, aunque evita entregar detalles sobre la propuesta de reformulación que Interior daría a conocer en los próximos días.

Al ser consultado por los cambio que los equipos del ministerio ya están trabajando, y en los cuales ha tenido participación directa, el abogado se limita a responder: “Las políticas públicas son más parecidos a una carrera de posta que a una de 100 metros. Nosotros tomamos el testimonio de este programa y lo que hicimos fue abrir una evaluación, y a partir de ello redefiniremos ciertas cosas. Pero las soluciones las dará a conocer quien corresponda, en el momento oportuno”.  

Más allá de la reserva con que hasta ahora se ha manejado el tema, fuentes de La Moneda adelantaron a Reportajes que, además del tema comunicacional, la propuesta de reestructuración de Estadio Seguro contempla dos grandes medidas: el cambio de dependencia del programa y la creación de una instancia orgánica que agruparía de manera permanente a los distintos actores involucrados en el tema del combate a la violencia en los estadios.

Aunque podría parecer menor, el traspaso del plan desde la Subsecretaría de Prevención del Delito a la Subsecretaría de Interior aparece como el cambio con mayores efectos concretos. La medida administrativa busca dotar de una estructura con poder de decisión e injerencia real -no sólo consultiva, como ocurre hoy- en las medidas tendientes a evitar los incidentes en los distintos estadios. La actual dependencia de una subsecretaría que no tiene poder de mando sobre las policías y las intendencias, como es la de Prevención del Delito (abocada más al diseño de políticas públicas preventivas), deja al jefe de Estadio Seguro como un mero asesor, sin un control real y sin presencia en las distintas regiones.

El cambio de dependencia venía siendo solicitado tanto por parlamentarios como por distintos actores involucrados en el tema y es respaldado incluso por la oposición. “Hoy no es el jefe del Plan Estadio Seguro quien toma las decisiones de organización y de planificación de un partido, sino que los gobernadores. Las decisiones de quien sea el jefe de Estadio Seguro deben estar por sobre las decisiones políticas”, señaló a Reportajes Cristián Barra, el principal responsable del programa durante el gobierno de Sebastián Piñera.

La otra gran propuesta contenida en el documento elaborado por Interior apunta a la creación de un consejo asesor permanente. La idea es que el grupo reúna a técnicos, líderes de opinión en el mundo del deporte y hasta futbolistas, que oficiarán como un órgano consultivo y que debieran reforzar la labor de comunicar las políticas contra la violencia en torno al deporte. La creación de una orgánica de este tipo responde a un esfuerzo mayor por parte del gobierno de involucrar a los clubes y los propios hinchas en la búsqueda de soluciones y que, entre otras cosas, llevó el año pasado a la Subsecretaría de Prevención del Delito a contratar una asesoría comunicacional, por $ 300 millones, tendiente a diseñar una campaña de medios en torno a este tema. 

La idea de compartir las responsabilidades marcó, de hecho, el encuentro que el ministro Burgos sostuvo, a mediados de enero, con el actual presidente de la ANFP, Arturo Salah. “Combatir la violencia en los estadios necesita la coordinación de los organismos que trabajan en esto. Estamos abiertos a -entre todos- a derrotar este flagelo y recuperar el espectáculo para la sociedad”, afirmó el dirigente deportivo a la salida de la reunión en La Moneda. 

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