Señor director:

Tras las denuncias de casos de exonerados políticos acreditados irregularmente, ahora se apunta al cobro de beneficios previsionales por parte de parlamentarios.

Dicha acusación tiene una lógica muy rebatible, en cuanto traspasa la línea original. Ya no se cuestiona la obtención anómala de este tipo de pensiones, sino a quienes legítimamente las han recibido, mezclando situaciones que nada tienen que ver.

Las pensiones de exonerados -como también las derivadas de tortura o desaparición de personas- no son una ayuda social. No se trata de un beneficio destinado a personas carentes de recursos, sino de una reparación del Estado, exigida por tratados internacionales y recogida en leyes nacionales, por una grave vulneración a las garantías fundamentales. Les corresponde a todos quienes vivieron esas situaciones, independiente de su condición económica y posición.

Entenderlo de otro modo induce a pensar que no se está reparando ese grave daño, antes que nada moral, sino simplemente compensando sus efectos económicos o prestándose apoyo a personas que a raíz de tales actos quedaron en situación deficitaria, lo que lleva a minimizar o relativizar los efectos de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar.

Luis Díaz Canales