El 20 de enero pasado, el fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, mediante la resolución n° 026-2017, ordenó iniciar una investigación administrativa "para esclarecer el eventual incumplimiento de deberes funcionarios respecto de la solicitud y tramitación de grabación de llamados telefónicos de funcionarios de la Unidad de TCMC de la Fiscalía local de Maipú". La apertura de la indagatoria fue justificada por el Ministerio Público debido a "la naturaleza y las circunstancias de los hechos referidos".

En concreto, se investiga una denuncia realizada por la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Occidente (Asffro), que alega que el Ministerio Público habría autorizado realizar grabaciones a sus teléfonos institucionales sin su consentimiento. Estos son usados por los funcionarios para atender a víctimas de delitos.

La investigación interna quedó a cargo de la jefa de la Fiscalía de Melipilla, Verónica Monjes, y por vacaciones quedará al mando el jefe de la Fiscalía de Curacaví, Luis Cáceres.

Según un documento, en que se da una respuesta del director ejecutivo regional de la fiscalía, Rodrigo Lazo, a una solicitud formal de información por Ley de Transparencia, realizada por los empleados públicos tras enterarse de las supuestas interceptaciones, "el 27 de diciembre de 2016, mientras desempeñaban sus funciones en sus puestos de trabajo, una funcionaria recibió un llamado telefónico de una persona que se individualizó como técnico (de una compañía telefónica), informando que estaba realizando pruebas de audio para posteriores grabaciones".

Ante ello, dice el documento, la funcionaria de la fiscalía que recibió el llamado le preguntó a cuáles grabaciones se refería. Y "esta persona señaló que eran pruebas de audio para registrar todo el tráfico de llamados de sus teléfonos institucionales, ya que sus teléfonos estaban en un listado que, por orden de Cristián Zamorano (técnico informático de la fiscalía), debían ser intervenidos para grabar todas sus conversaciones telefónicas".

Tras esto, indica el documento, la Asociación de Funcionarios consultó sobre la situación -mediante correo electrónico- a la administradora de la Fiscalía de Maipú, Claudia González; al fiscal jefe Luis Pablo Cortés y también a la fiscal adjunta Claudia Herrera.

Al respecto, González respondió, mediante un e-mail fechado el 29 de diciembre pasado, que "efectivamente, se solicitó un sistema de grabación de llamadas para los contactos efectuados por contact center. Esto tiene por finalidad tener un respaldo en caso de alguna duda o reclamo de usuarios. Este sistema sólo se aplica para esa función, debiendo ser habilitado por cada funcionario a través de una clave".

Sin embargo, esa respuesta no dejó conforme a las funcionarios, debido a que -según ellos- no les habilitaron ese sistema en sus teléfonos, el cual además les pide una clave para iniciar las grabaciones.

Por ello, según el documento, los funcionarios afectados con las supuestas interceptaciones pidieron que se les entregue una serie de antecedentes. Sin embargo, esto se encontró con la negativa del Ministerio Público, por "encontrarse vigente el desarrollo de esta investigación administrativa".

Entre los antecedentes que requirieron y les fueron negados están "la cadena de correos u oficios en los que se solicitó, por parte de las jefaturas de la Fiscalía de Maipú, la habilitación del sistema de grabaciones y el contenido de la solicitud".

Hasta ahora ya han declarado en el caso los fiscales de Maipú, el funcionario que presentó la denuncia a nombre de la asociación y también el técnico informático que supuestamente envió la orden para autorizar las grabaciones por parte del Ministerio Público a la compañía telefónica.

Versiones

Consultado el presidente de la Asociación de Funcionarios de la fiscalía, Fabio Trujillo, dijo "presentamos una denuncia para aclarar si es que se estableció un sistema de grabación completa de las comunicaciones de los teléfonos institucionales. Si es así, habría un acto ilegal y vamos a iniciar todas las acciones legales por un hecho que no corresponde en una institución pública".

Trujillo niega que se les haya habilitado un sistema de contact center a los funcionarios, como señala la administradora de la Fiscalía de Maipú en el correo, el cual debe ser autorizado por los mismos usuarios a través de una clave. "Es imposible haber establecido un sistema de contact center para aquellos objetivos sin haber habilitado primero los teléfonos institucionales. Y como no se habilitaron, la única vía y la más rápida es un sistema de grabación completa", dijo.

Desde la Fiscalía Occidente señalaron que se "determinó iniciar una investigación administrativa para esclarecer las circunstancias en que se solicitó y gestionó la implementación del sistema de registro y gestión de tráfico de llamadas CCS en la Fiscalía Local de Maipú. Este sistema se ocupa en los call center de otras unidades -como las fiscalías de flagrancia- y opera en los teléfonos fijos de funcionarios específicos, para respaldar el contacto con las víctimas y gestionar la efectividad y estacionalidad de las llamadas. La grabación se activa con una clave que usa el propio funcionario".

Agregaron que "la investigación administrativa está a cargo de la fiscal jefe de Melipilla, Verónica Monjes, quien debe indagar eventuales incumplimientos funcionarios".