SEÑOR DIRECTOR

Hoy se conmemora uno de los episodios más trágicos del sistema penitenciario chileno. A siete años de la muerte de 81 internos en el incendio en la cárcel de San Miguel, reconocemos como un deber del Estado avanzar en una política penitenciaria que dignifique las condiciones de reclusión bajo estándares internacionales de derechos humanos, que entregue herramientas a quienes están privados de libertad para que puedan rehacer sus vidas, no se vean obligados a reincidir y puedan reintegrarse a la comunidad una vez cumplida su condena.

Como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos iniciamos en junio una instancia inédita en el país: la constitución de un Comité Asesor intersectorial donde convergen actores públicos y privados, exministros de la cartera, la academia y la sociedad civil. Fruto de debate y reflexión, hace algunos días presentamos la primera política pública en materia de reinserción social. Un documento con visión de Estado, respetuoso de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, con enfoque de género y participativo, cuyo objetivo es que el cumplimiento de una condena sea también una segunda oportunidad para reinsertarse a la sociedad, a través de un proceso de capacitación, formación educativa, trabajo y entrega de valores.

Reclusión no debe ser sinónimo de exclusión. Privación de libertad, no debe implicar privación de dignidad. Entregar herramientas y fortalecer los derechos de las personas que han delinquido es deber del Estado y es la forma más efectiva de tener un país más seguro y más justo.

Nicolás Mena

Subsecretario de Justicia