La investigación está centrada en 814 mil personas que no fueron encuestadas en 2012, pero que sí fueron incorporadas en los resultados del Censo informados a comienzos de abril, el que contabilizó 16.634.603 habitantes en Chile. Según Francisco Javier Labbé, director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) hasta el 26 de abril, interrogado como imputado por la fiscalía que dirige José Morales, esto tiene explicación: son estimaciones de viviendas con moradores que estaban ausentes a la hora del levantamiento de la información, y viviendas que no pudieron ser catastradas porque se incorporaron al mercado después del Precenso de 2011.

La fiscalía ha interrogado a Labbé y al jefe del Censo, Eduardo Carrasco; a la ex asesora de Labbé, Mariana Alcérreca, quien gatilló su salida, y a varios actuales y ex funcionarios del INE. Las pesquisas también han incluido una denuncia firmada por Juan Eduardo Coeymans, sucesor de Labbé, quien acusó que en el organismo se detectaron repeticiones de registros de hogares, lo que podría constituir "clonación de información censal".

Varios interrogados por la fiscalía -incluso algunos críticos de Labbé-, consideraron válido el ejercicio de estimar los habitantes de viviendas sin moradores, lo que se hace en otros países. Pero reprochan varias cosas: que ello debió haberse informado explícitamente, que se debió imputar sólo el número de personas y no otro tipo de antecedentes como religión o discapacidad, y que esa información no debió incorporarse a las bases de datos con las fichas censales efectivamente respondidas. Pero, sobre todo, se critica otra imputación que no se realiza en otros países: moradores de viviendas que Labbé definió como no logradas, y que corresponden a supuestos 88 mil inmuebles construidos entre el Precenso de 2011 y la fecha del levantamiento de la información.

Labbé: "Podría aceptar que se diga que es un erros, no un engaño"

Francisco Javier Labbé Opazo, director del INE desde octubre de 2010 hasta el 26 de abril de 2013, declaró como imputado durante más de seis horas el pasado lunes 10 de junio ante el fiscal José Morales. Su declaración se concentró en el aspecto más cuestionado del Censo 2012: la estimación de personas no registradas en el levantamiento de información, lo que permitió llegar a la cifra final de 16.634.603 personas informadas el 2 de abril. "Acá no ha existido manipulación de ninguna naturaleza. Manipulación hubiera existido si hubiéramos afectado (la) base de datos", dijo casi al término de su declaración judicial. El ingeniero civil aportó al fiscal un documento donde detalló cómo se llegó a la cifra divulgada oficialmente: a las 15.758.929 personas censadas efectivamente se agregaron 583 mil personas estimadas de viviendas con moradores ausentes y 292 mil de viviendas no logradas.

Labbé propuso en 2011 reemplazar el tradicional censo de hecho (se hace en un día y se pregunta al entrevistado donde pernoctó la noche previa) por uno de derecho (dura de dos a tres meses y pregunta por la residencia habitual). Como jefe del Censo designó a Eduardo Carrasco, quien tuvo el mismo cargo en 1992.

Labbé sostiene que existía una proyección para 2012 de 17,4 millones de personas. "Posteriormente (se) me hizo llegar un documento que elaboró Demografía que dice que la proyección es de 17,2 millones", contó. "No había ningún tipo de meta de omisión del Censo 2012, eso es tonto", respondió tras una pregunta del fiscal. El levantamiento comenzó el 9 de abril de 2012 y hubo dos áreas difíciles: las regiones II y Metropolitana. "Las comunas con más problemas fueron Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y La Reina", declaró.

El ex director del INE afirmó que la imputación de moradores ausentes se realiza en los censos de derecho -por eso no se había hecho antes- y que no se dejó escrito en los documentos oficiales, porque "esto no se explicita en ningún censo del mundo". Eduardo Carrasco lo contradijo en su declaración judicial: "Se debió señalar que se había estimado".

Labbé defendió la estimación y puso el ejemplo de un Censo en Uruguay, que presentó como censados a los moradores ausentes. "Decir que eso es un engaño no es tal. Yo podría aceptar que alguien dijera que es un error, pero no puedo aceptar que se diga que es engaño", dijo.

Las viviendas no logradas es el punto más polémico. En marzo, "Carrasco me llamó y me dijo que con imputación de moradores ausentes llegaban a 16,3 millones. Le pregunté qué pasaba con las viviendas no logradas y me dice que no lo ha hecho. Le digo que debe imputar porque eso es correcto", contó Labbé. Carrasco lo corrobora: "Fue una decisión que tomó el director Labbé (...) Todo se hizo de forma transparente, aunque no quedó en el libro del Censo 2012".

Labbé admitió que esa decisión era inédita: "Es una innovación que se hayan hecho imputaciones en viviendas no logradas, para esto no se consultó a organismos internacionales. Sí seguí las recomendaciones internacionales sobre comparabilidad. No hubo resistencia para esto en particular, sino para todo lo que yo hacía".

El relato de la primera denunciante

Mariana Alcérreca Picart fue la primera testigo en declarar ante el Ministerio Público, el 30 de abril. Cuatro días antes, cuando Labbé renunció, Ciper Chile, que destapó el caso, publicó una entrevista con Alcérreca, donde acusaba a su entonces jefe de manipular información. La ingeniero comercial llegó al INE en octubre de 2010 junto a Labbé.

Alcérreca relata que el 9 de julio de 2012 se realizó una reunión de Labbé con el equipo técnico del Censo. Los expertos del INE proyectaban que a fines de ese mes se censaría a 15,7 millones de personas, muy lejos de los 17,4 millones proyectados, y que el porcentaje de moradores ausentes era de 3,23% y el de casas desocupadas, de 12,75%, muy lejos del 1,37% y 9,36%, respectivamente, del Censo de 2002. "Se generó un quiebre muy fuerte, porque la reunión fue muy dura. El director Labbé entendió que le estaban atacando su Censo", declaró a la fiscalía.

Alcérreca peleó con Labbé antes de publicar los resultados preliminares del Censo, a fines de agosto, con los 16,6 millones de habitantes. En una reunión con otros asesores, Alcérreca le dijo a Labbé que divulgaran que se habían censado 15,8 millones de personas y que estimaron la población adicional. "El director me dice: 'No. Vamos a decir que censamos 16 millones 600 mil'. Yo digo: 'Pero es que eso no es verdad'. Y él me dice, textual: 'No seas huevona, no te dispares en los pies'". Labbé, en su declaración al fiscal, niega esa conversación: "Me duele que ella haya inventado eso". Su jefe de gabinete, sin embargo, el abogado Raúl Sepúlveda, quien venía de la administración anterior, ratifica la declaración de la ex asesora. Labbé le dice: 'Mariana no te dispares en los pies". En el informe con las cifras preliminares, Alcérreca escribió "población estimada", en lugar de "población censada".

Las divergencias volvieron en marzo de 2013, antes de divulgar las cifras finales. Alcérreca asegura que Eduardo Carrasco, el jefe del Censo, le manifestó a Labbé que la base de datos está dando 16,3 millones, menos que los 16,6 millones de agosto. "Pero esto hay que arreglarlo, tienen que ser más, agrega la población", le dijo Labbé a Carrasco, según la versión de su ex asesora.

Alcérreca revela que un consultor, Eduardo Arriaga, entregó en marzo otro análisis preocupante. "Estima la omisión del Censo entre 4,6% y 4,8%. Esto es incluso menor que la real, el consultor tenía datos que se habían encuestado a 16,6 millones de personas y no a 15,8 millones".

Coeymans denunció posible clonación de información censal

El 8 de mayo de 2013, 10 días después de asumir en reemplazo de Francisco Labbé, Juan Eduardo Coeymans presentó una denuncia en la fiscalía, por encontrarse "en la obligación legal y moral de denunciar cualquier hecho que pudiera revestir los caracteres de crimen, simple delito o falta de naturaleza penal". Desconocida hasta ahora, Coeymans reveló que el 6 de mayo dos funcionarios del subdepartamento de Estadísticas Demográficas le entregaron información obtenida tras evaluar la base de datos del Censo 2012 para determinar la migración internacional desde 2002. "Se detectaron repeticiones de registros de hogares completos con todos sus integrantes y con todas sus variables, las cuales fueron denominadas internamente como 'clones', y a su vez fueron denominados como 'espejo' el registro de donde se reprodujo la información", escribió Coeymans en su denuncia. Los hogares "clonados" ascendieron a 248 mil y las personas "clonadas" sumaron 814 mil. Esta última cifra permitió llegar a los 16,5 millones de habitantes informados en abril (ver infografía). Los hogares espejo fueron efectivamente censados y se usaron para replicar la información estimada.

"Los hechos expuestos, a juicio de esta autoridad, podrían constituir clonación de la información censal, dado que (...) se detectaron incongruencias con la cantidad de habitantes y viviendas informadas oficialmente por nuestro organismo, a comienzos del mes de abril del presente año", dice la presentación. Coeymans pidió investigar los delitos de falsificación de instrumento público y malversación de caudales públicos.

Los dos funcionarios del INE que prepararon el informe fueron el jefe del subdepartamento de Estadísticas Demográficas, Gustavo Villalón, y la funcionaria Ninoska Damianovic.

Villalón, profesor de matemáticas y demógrafo, declaró ante Morales el 13 de mayo. Dijo que tras el anuncio de abril detectaron "errores notorios", por ejemplo en fecundidad, donde se "colocaban datos mal calculados". El 22 de abril su área recibió la base completa del Censo. "Nos comenzaron a aparecer hogares repetidos. Empiezan a aparecer características repetidas en los portafolios (... )Por ejemplo, en preguntas de migración, sexo, edad, mortalidad de hijos", afirmó. Al restar del total los hogares clonados, tuvieron como resultado los 15.820.455 personas totales que denominaron "total depurado", expuso.

Damianovic, de profesión estadístico, también declaró ante el fiscal y entregó luego un documento técnico en el que, además, cuestiona a las personas que entregaron información a Ciper porque "la imagen pública del INE se ha visto mancillada", escribió.

Damianovic dijo a Morales: "Lo que hicieron en los clones fue clonar los datos de las personas efectivamente censadas de un portafolio a aquellas viviendas no censadas, imputándoles las personas, el orden en que aparecían en el hogar y todas sus características", sostuvo. "Esta forma de imputación no tiene sustento técnico alguno en la demografía y estadística. Lo que nunca se debe imputar son las variables de auto identificación (conviviendo con el mismo sexo, religión, discapacidad). En ese caso de los clones se hizo esto", explicó.

Dos opositores a Labbé en el INE

"El problema más complejo es la imputación de viviendas no logradas que para mí no es técnicamente una imputación, sino que simplemente adulteración de datos. No pueden alegar desconocimiento ni falta de advertencia, ya que se hizo la advertencia formal al director y a Eduardo Carrasco de que cualquier imputación debía dejarse explicitada". La declaración es de Andrés Bustamante, jefe del departamento de estudios sociales del INE, quien declaró el 28 de mayo. El sociólogo integraba el equipo técnico del Censo en el que estaban Labbé, Carrasco, Mariana Alcérreca, la subdirectora de operaciones Julia Ortúzar y la ex subdirectora técnica, Marcela Cabezas, despedida por Labbé en abril. Ese comité dejó de operar a mediados de 2012, tras los primeros cuestionamientos, han acusado los críticos de Labbé.

La salida de Cabezas en abril, según Labbé, detonó la crisis. Una serie de altos funcionarios firmaron una declaración acusando a Labbé de desmantelar la institucionalidad técnica del organismo. "El problema no fue con el supuesto 'equipo técnico' que participaba en el Censo, sino que con sólo dos personas: el Sr. Andrés Bustamante, que se opuso terminantemente a imputar moradores ausentes, pues él estimaba erróneamente que ello no debía hacerse sin atender razones, y la subdirectora técnica, Marcela Cabezas, que lo apoyaba y obstaculizaba las acciones que este director quería impulsar. Ninguno de los dos tenía experiencia ni había participado anteriormente en Censo alguno", escribió Labbé en un documento que también entregó al comité de expertos del INE que estudia el escándalo.

"Se subestimó el desafío institucional que implicaba cambiar la metodología de un Censo, lo cual fue determinado seis meses antes de comenzar el levantamiento", dijo Bustamante al fiscal Morales.

También declaró Marcela Cabezas, el 2 de mayo. Ahí cuenta sobre una reunión donde estuvieron Labbé, Bustamante y Ortúzar. "Le dijimos en esa reunión, que fue dura, que técnicamente se podía explicar por qué no se llegaba a estimación de población, por lo que percibíamos que había intención de imputar. Su obsesión era realizar el mejor Censo de la historia, en que se debía mostrar una baja omisión censal", acusa.

Cabezas mencionó un informe que cuantifica en 15.548.748 los formularios de personas ingresados al sistema. A ellos se suman más de 121 mil personas en viviendas colectivas, como hoteles.