Una serie de documentos confirmarían la adquisición que hizo la Marina de Guerra de Perú en el año 2000 de equipos de espionaje telefónico, aparentemente utilizados en un caso de corrupción que involucró al gobierno local.

El diario Perú.21 y la revista Caretas publicaron hoy la noticia de que la Marina compró ese año y, de manera oficial, dos equipos de interceptación telefónica Triggerfish y cuatro Handheld por un monto total de 161.600 dólares.

La Justicia y el Congreso peruano investigan el espionaje telefónico, que se destapó en octubre pasado junto a las irregularidades en la concesión de varios lotes petroleros a la noruega Discover Petroleum.

El caso de corrupción petrolera salió a la luz cuando la prensa divulgó una serie de conversaciones telefónicas entre los principales protagonistas de este escándalo, que provocó la salida del gabinete del entonces primer ministro Jorge del Castillo.

El espionaje telefónico habría sido realizado por la empresa Business Track, dirigido por el contraalmirante retirado Elías Manuel Ponce Feijoó y su segundo, el capitán de corbeta retirado Carlos Tomasio, ambos detenidos junto a otros cuatro trabajadores de esa compañía. Las autoridades también investigan si la empresa Petrotech, recientemente transferida a un consorcio colombosurcoreano, está implicada al caso del espionaje telefónico.

En la interceptación telefónica están implicados miembros activos y retirados de la Marina de Guerra, aunque el ministro peruano de Defensa, Ántero FloresAráoz, aseguró que esa arma nunca compró esos equipos.

Sin embargo, hoy se dio a conocer una carta del 29 de noviembre de 1999 que le envía el agregado naval Carlos Sarmiento, a la empresa gubernamental Harris Corporation, encargada de vender los equipos a nombre del departamento de Estado de Estados Unidos en la que se expresa el interés por adquirir los aparatos.

En ese documento, Sarmiento señala que Tomasio será el enlace de la operación y subraya que la Marina será la "única usuaria final" de los equipos.

El matutino Perú.21 publicó una segunda misiva fechada el 6 de enero de 2000, donde Tomasio solicita la referida compra, así como un certificado que autoriza su envío y un cheque girado presuntamente por un funcionario de la Marina, el 24 de julio de 2000, a Harris por un monto de 110 mil dólares, el costo de los dos Triggerfish.

Según el diario peruano El Comercio, el presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, Édgar Núñez, aseguró que es probable que los equipos comprados  estén siendo utilizados en la lucha contra el narcoterrorismo, ya que las Fuerzas Armadas tendrían equipos de radiocomunicación para interceptar las conexiones de los narcotraficantes, terroristas y traficantes de armas. No obstante, Núnez agregó que no había que descartar que algunos hayan ido a para a manos de "chuponeadores".

RELACIÓN CON CHILE
Por otra parte, el semanario Caretas informó que Tomasio declaró ante la Fiscalía peruana que esos equipos iban a ser destinados a Chile.  "Tuve conocimiento de que uno de los equipos iba a ser enviado a la ciudad de Valparaíso por encontrarse allí el Congreso y la Base Naval de Chile", dijo Tomasio, actualmente detenido.

"El otro equipo iba a ser ubicado cerca del Palacio de la Moneda, de acuerdo a la información que me proporcionó el comandante general de la Marina, el almirante (Antonio) Ibárcena. Se trataba de una operación de inteligencia de alto nivel", agregó Tomasio.

Pero la Marina mostró tres documentos a la Fiscalía en relación a estos polémicos equipos que dan cuenta que solo llegaron "partes electrónicas" de Miami el 21 de julio de 2000, aunque señaló que no hay registro de dinero, ni del destino de estos equipos. En cambio, apareció Harris habría cancelado la compra.

La revista añadió que el rastro de los equipos se pierde en el 2000, poco antes de que el entonces Presidente peruano Alberto Fujimori, renunciara a su cargo desde Japón, tras destaparse una enorme red de corrupción y espionaje dirigido por su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos.