Señor director:

La publicación de noticias falsas en redes sociales es un problema universal. Lo constatamos durante las elecciones de Estados Unidos; también con la propagación de información errónea respecto de refugiados en Alemania; con los "datos" asociados al impeachment de Dilma Rousseff en Brasil y también en Chile, con la desinformación respecto de los incendios.

A fin de combatirlo, muchos actores se han movilizado. Facebook anunció la actualización de sus trending topics para identificar y clasificar mejor el contenido, dejando en posiciones secundarias u ocultando las noticias no verificables. Similar camino tomó Google, mediante la exclusión de sitios web acusados de tergiversar contenidos.

El Ministerio Público investigará de oficio la comisión de eventuales delitos de falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad, y también la obstaculización de la investigación de la Fiscalía mediante la aportación de antecedentes falsos. Además se podrían configurar otros ilícitos, como injuria, calumnia o infracción a la Ley de Prensa, que sanciona las publicaciones destinadas a promover hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad.

Si bien se valoran estas medidas, es delicado eliminar unilateralmente sitios web sin la certeza de la falsedad de las noticias, ya que ello podría convertirse en un atentado a la libertad de expresión. La censura previa está prohibida por nuestra Constitución y diversos tratados internacionales. Por ello, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles, el combate a la propagación de noticias falsas pasa en primer lugar por nosotros.

La cifra que reveló Cadem esta semana es alarmante: casi el 80% de los encuestados tuvo acceso a datos adulterados y el 25% los reenvió. Compartir noticias falsas es echar bencina a la desinformación, haciendo más difícil la labor de la autoridad.

Los algoritmos de Facebook y Google pueden mejorar y el Ministerio Público puede investigar eventuales ilícitos, pero al final del día, somos los ciudadanos los llamados a usar las redes sociales de manera responsable. Antes de compartir, detengámonos y chequeemos la fuente. De esa forma cuidamos la libertad de expresión, y en definitiva, nuestra democracia.

Andrés Grunewaldt

Silva & Cia