A dos semanas de que se apruebe la Ley General de Educación, una de sus disposiciones ha pasado inadvertida. Se trata del artículo 46, que en uno de sus incisos, establece que, en la enseñanza media, podrán ejercer la docencia quienes tengan título, quienes se habiliten mediante un decreto y quienes "estén en posesión de un título profesional o licenciatura de, al menos, 8 semestres en un área afín a la especialidad que imparta". Es decir, un ingeniero comercial podría hacer clases de matemáticas y un licenciado en literatura las de lenguaje.

Este último párrafo, agregado por el comité de ministros que revisó la ley en abril pasado, ha generado una polémica subterránea. Y con razón: el informe Mc Kinsey, que revisó las recetas de los 10 sistemas educativos más exitosos, concluyó que lo más importante es la calidad del profesor. Un buen profesor puede llevar a sus alumnos un año adelante en  aprendizaje, comparado con un mal docente y en cinco años se puede cerrar la brecha social de los niños.

Hoy, en la práctica, un profesional de otra área puede hacer clases en enseñanza media, con la autorización de la Seremi de educación. Sin embargo, esto sólo se permite en casos en que la vacante no se haya llenado por un docente y por un plazo que no excede un año. Por esta modalidad, según datos de la División de Educación General, en 2007 trabajaron en el sistema cerca de 17 mil personas, el 10% del total de maestros del sistema. Las áreas más solicitadas: inglés, matemáticas y religión.

Sin embargo, el artículo de la LGE implicaría que los profesionales de otras áreas no deban pedir permiso para ejercer la docencia y que puedan hacerlo el tiempo que deseen. Aunque el reglamento de la ley debiera definir esos detalles, como ello todavía no sucede, ha cundido el temor de que no se pongan criterios de calidad a los nuevos actores y que éstos invadan la práctica de la pedagogía. "Es complejo que un país se salte la sicología educacional y diga que basta con sólo saber biología para enseñar biología", asegura Juan Eduardo García Huidobro, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado y quien presidiera el Consejo Asesor creado después de la "revolución pingüina". 

En la misma línea, Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, reconoce que esta es una de las razones por las cuales se oponen a la ley. "Es como si planteáramos que cualquier profesional pueda ejercer de médico sin el título" señala, y agrega que la solución, más que abrir la puerta a otras profesiones, pasa por "implementar políticas que atraigan a los mejores a las pedagogías".
Es lo que han hecho naciones como Finlandia y Corea, cuyo éxito se basa en que reclutan a los mejores estudiantes  para que sigan pedagogía. "En Chile, la medida demuestra un desprecio por la formación docente", dice García Huidobro.

El peso de los conocimientos

También está demostrado que los conocimientos de los docentes influyen en sus logros más que cualquier otra competencia. De allí que hayan surgido programas como Teach for America, que recluta a los mejores profesionales norteamericanos para que trabajen en escuelas pobres. Con una breve capacitación antes de hacer clases, obtienen de sus alumnos mejores resultados que el resto de los docentes.

El programa inspiró a Enseña Chile, que busca que jóvenes profesionales hagan clases en colegios vulnerables. Para su director, Tomás Recart, el permitir a otros profesionales ejercer la docencia podría paliar el déficit de profesores en ciertas áreas. Sin embargo, aclara que será necesario evaluar a los recién llegados. "Deben demostrar tener competencias y ser capaces de lograr buenos resultados", sostiene.

En el ministerio aseguran que el fundamento de este párrafo no es perjudicar a los profesores, sino transparentar el hecho de que ya hay profesionales haciendo clases. "Además, se busca que diversos profesionales aporten al trabajo en la escuela", según explica Pedro Montt, jefe de la Unidad de Currículum y Evaluación.