SEÑOR DIRECTOR:
El abuso sexual es un delito grave que afecta a millones de personas a nivel mundial, con cifras ampliamente subestimadas debido a que los procesos emocionales que conlleva el daño del abuso impiden -en la mayor parte de los casos- la develación inmediata; más aún cuando las víctimas son niños o adolescentes. Según datos del Servicio Médico Legal de Chile, tres de cada cuatro personas afectadas por este delito corresponden a este segmento. El abuso sexual infantil tiene consecuencias devastadoras que -incluso- pueden derivar en autolesiones y conductas suicidas.
Gran parte de los casos ocurren en entornos que debieran ser protectores: la familia, el colegio, la iglesia. Esto hace que sea aún más difícil para niños y niñas recurrir a un apoyo externo o escapar del entorno vulnerador. Durante la pandemia, la detección temprana en centros de salud o en los colegios quedó relegada a un segundo lugar, pues el foco fue la prevención del Covid en conjunto al cierre de los colegios. Recientemente, en un informe elaborado por la Fundación Amparo y Justicia, se dio a conocer la cifra más alta de este tipo de delito desde que se llevan registros: el análisis reveló un incremento de 42% en las denuncias respecto al año pasado, y un alza de más del doble en comparación con una década atrás.
En el contexto de la Comisión de explotación sexual de niños bajo protección del Estado, se detectaron trayectorias de este tipo a partir de situaciones de abuso, como también la falta de eficacia a la hora de prevenir y tratar tempranamente, incluso en ámbitos de protección del Estado. En consecuencia, la sociedad civil articulada levantó propuestas como el GES de abuso sexual y la plataforma “Actuar es urgente”.
Hoy, es imperativo hacer cumplir la ley de “Protección integral de la niñez” y contar con oficinas locales con oferta preventiva y de calidad, basadas en la evidencia y disponibles en todas las comunas del país. No es posible que, teniendo presupuesto asignado para implementar más de 100 oficinas durante 2022, hayan logrado operar 18, solo seis adicionales a las instaladas en el gobierno anterior. El abuso sexual es de las más graves vulneraciones contra niños, niñas y adolescentes, junto a otras como al involucramiento delictivo, la exclusión escolar, el consumo de drogas, la violencia y demás, que debemos hacer frente con capacidades, recursos, pero sobre todo voluntad política.
Marcelo Sánchez
Gerente general San Carlos de Maipo
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