Agenda antiabusos

El Presidente ha presentado la "agenda antiabusos y por un trato digno y justo" que impulsará el gobierno, asumiendo (a su entender) el anhelo ciudadano. La misma se asienta en tres pilares fundamentales. Primero, combatir con mayor severidad las colusiones y abusos en los mercados, los delitos tributarios y el uso indebido de información privilegiada. Segundo, otorgar una mejor protección a los derechos de los consumidores. Y tercero, hacer cosa similar respecto a los derechos de los trabajadores.

En principio, la propuesta parece ir en la dirección correcta, si se piensa en los cambios necesarios para incrementar la justicia en los mercados y en las condiciones de trabajo. Por supuesto, esta iniciativa busca también ser una salida oportuna para las difíciles circunstancias que enfrenta el Ejecutivo. La discusión de las medidas concretas que se proponen para alcanzar cada uno de los objetivos mencionados constituyen materia pendiente por analizar.

No obstante, resulta posible plantear algunas reflexiones preliminares. Destaca, por una parte, el hecho de que haya sido necesario llegar a este punto sin que el mundo empresarial reaccionara suficientemente ante la ola de críticas sobre sus conductas arbitrarias. Parece haber existido tiempo de sobra para que las compañías de negocios modificaran malas prácticas recurrentes y denunciadas por diferentes vías y no haber tenido que esperar expresiones sociales de malestar generalizado, el deterioro de imagen asociado, un plan gubernamental contra sus atropellos, ni la dictación de nuevas normas legales (por venir) para hacerse cargo de sus evidentes desafíos pendientes en esta línea. Es de esperar que lo ocurrido sirva, por fin, de aprendizaje para las empresas y quienes las dirigen, y les permita ponerse a tono con las expectativas que la sociedad guarda en la actualidad respecto a ellos.

Desde otra esquina, es patente la urgente necesidad de dar señales parecidas en relación con el aparato público-estatal. Hace falta un mayor y mejor control al Estado y a los fraudes al fisco, parte importante de aquellos gestados en su propia sede. Los despilfarros y corrupciones existentes en su cada vez más pesada estructura son un secreto a voces, y las tropelías que acontecen en su seno no van en zaga. Únicamente como botón de muestra cotidiano, que impacta gravemente sobre la ciudadanía, los trabajadores de la administración pública utilizan con frecuencia abismante la huelga, estando expresamente prohibido por ley. Empleados del Registro Civil, por ejemplo, van a paro meses enteros y, como "solución", se les conceden beneficios para deponer su accionar ilegal. ¿Y los profesores de establecimientos municipalizados o de la salud pública? Nada muy diferente. Se precisa, sin mayor dilación, otra agenda gubernamental que aborde esta lamentable situación. ¿Tendrá la autoridad política similar convicción para encarar este reto, como el mostrado contra los abusos que puedan cometer los particulares de "cuello y corbata"? Está por verse.