Agenda minoritaria

El resultado electoral, la grave desarticulación y crisis programática y política de las izquierdas, la presencia de parlamentarios "moderados" que le puede permitir articular mayorías para sus principales proyectos y la entrada de la economía en la fase favorable del ciclo, permiten a la derecha enfrentar con optimismo su futura gestión gubernamental. Estas perspectivas se refuerzan por la idea de que los problemas de Chile derivan de la fuerza disruptiva que tuvieron las reformas y por tanto "muerto el perro se acabó la rabia".

No obstante, se avizoran dos tipos de dificultades. La primera tiene que ver con que el futuro gobierno focalice su atención en la agenda del empresarial. Varios son los signos que confirman esta hipótesis. Sus representantes en el Tribunal Constitucional eliminaron las normas que entregaban al Sernac instrumentos similares a los de las superintendencias para defender a los consumidores, dejando en evidencia la indiferencia o incluso la animadversión a la idea de fortalecer la posición de los consumidores frente a los empresarios pese a los abusos de los últimos años. Del mismo modo, la principal señal dada por el gobierno electo ha sido su decisión de priorizar el impulso de 100 proyectos por US$ 50 mil millones (esto representa inversiones en promedio de US$ 500 millones) en los próximos cuatro años lo que en sí no es negativo. Si lo es si se considera que desde el comienzo se pone en segundo plano el esfuerzo por incorporar al proceso de modernización a la gran mayoría de las empresas medianas y pequeñas. También lo es cuando en relación con los aspectos medioambientales no se entiende que el problema no es el Comité de Ministros sino que el trade off entre crecimiento económico y medioambiente resulta crecientemente complejo. Relevar solo los componentes técnicos del problema augura dificultades que pueden ir en detrimento de los esfuerzos por acelerar el ritmo de aprobación o desaprobación de los proyectos. La propuesta de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) de reducir el impuesto de primera categoría de 27 a 25% y de crear un Defensor del Contribuyente financiado con recurso públicos, es una tercera señal de que las prioridades corresponden a una agenda minoritaria. Quienes están sujeto a la tasa de 27% son las grandes empresas y si se considera que el 90% de las personas están exentas del pago del impuesto de segunda categoría (pero pagan un IVA de 19%) y algo similar sucede con el impuesto de primera categoría, sucede que se está pidiendo que el Estado defienda los intereses de no más del 10 o 15% de los ciudadanos.

La segunda dificultad es que, aunque pueda ser discutible el grado de malestar existente, lo cierto es que, aunque la participación electoral fue mayor a la esperada, el 53% de la población se abstuvo de participar, un alto porcentaje de la población manifiesta su desagrado con las AFP, el sistema de salud y la educación, las regiones continúan sufriendo un menoscabo y la desigualdad en sus diferentes dimensiones resulta irritante. La falta de priorización de estos temas puede a la larga debilitar más la cohesión social y poner en riesgo las prioridades de la nueva administración.