Alternativas para destrabar la reforma previsional

La propuesta que esboza el Ejecutivo, si bien resulta preferible a la alternativa promovida por la oposición, aún es insuficiente para evitar un aumento de la informalidad en el mercado laboral.



El 30% de informalidad que existía en el mercado laboral chileno explica las bajas pensiones de muchas personas y la consiguiente necesidad de apoyo estatal a esos jubilados. Ahora, tras las crisis sanitaria y política, esa informalidad continúa acentuándose. Ante este panorama es fundamental que la discusión de reformas al sistema previsional considere sus efectos sobre la informalidad laboral, y busque evitar nuevos impuestos al trabajo formal. Como cualquier impuesto, aquel que se aplica al trabajo con contrato y protecciones propias del sistema de seguridad social, afecta la disposición a ofrecer servicios en esta modalidad y estimula la informalidad. Dicha informalidad, porque significa que no hay cotizaciones previsionales, pone enteramente sobre el Estado el peso de apoyar a esos trabajadores en el evento de problemas de salud, accidentes laborales, invalidez y sobrevivencia, cesantía y falta de ingresos para solventar la vejez.

Estando entonces en juego la capacidad financiera del Estado para desarrollar políticas sociales en Chile, incluidas las pensiones de vejez, las propuestas de reforma que se debaten deben ser analizadas con detención.

La Cámara de Diputados había acordado un alza de cotizaciones previsionales de 6% de las remuneraciones, con un 3% destinado a capitalización individual del mismo cotizante y un 3% correspondiente a un impuesto al trabajo para financiar pensiones insuficientes de terceros. Ese principio de acuerdo, ya muy riesgoso en tanto aumentaba en 3% el contenido de impuesto al trabajo mientras subía las cotizaciones totales hasta 30% de las remuneraciones, fue dejado de lado por la oposición, que quiso llevar todo el 6% de mayores cotizaciones a un mecanismo de “cuentas nocionales”. El riesgo evidente de las cuentas nocionales es que, al dejar el nivel definitivo de las pensiones sujeto a la futura deliberación política, hacen que todo el 6% con ese destino sea percibido como impuestos, con graves efectos sobre la informalidad.

El gobierno estaría considerando una nueva propuesta de destino para el 6% de mayores cotizaciones: 2% para capitalización en cuentas individuales; un 2% de impuesto al trabajo para financiar prestaciones solidarias; y 2% para financiar un seguro de longevidad, con el que se financiarían las pensiones en etapa de vejez avanzada. Como parece claro que el costo de financiar esas pensiones es menor que el financiamiento que acumularía el 2% destinado a este propósito, se entiende que tras este último 2% habrá un beneficio para el cotizante (la pensión, si resulta ser longevo) y un aporte para financiar beneficios a terceros, esto es, un componente de impuesto al trabajo. Se trata en definitiva de una propuesta que, acomodando las demandas opositoras por más componentes “solidarios” en el sistema previsional, intenta no seguir incrementando la fracción del alza en cotizaciones que representa impuesto e induce informalidad.

Entre la alternativa de la oposición, que propone fórmulas que equivalen a hacer de todo el 6% un impuesto laboral adicional, y la que ha esbozado el gobierno, es preferible esta última, aun cuando también grava la formalidad laboral. Por ello parece razonable que no se descarte sin un análisis profundo la alternativa de mejorar pensiones e introducir solidaridad por la vía de impuestos menos distorsionadores, como podría ocurrir con un aumento del IVA. Este, si bien recauda recursos directamente en proporción a la capacidad de consumo de las personas, es un impuesto que se recauda con eficiencia, y aplicado al financiamiento de prestaciones bien focalizadas, podría resultar en políticas altamente progresivas.

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