La bola de nieve comenzó con una frase del presidente de Republicanos, Arturo Squella, en Canal 13. Mientras intentaba explicar su promesa de recortar seis mil millones de dólares en gasto fiscal, Squella argumentó que la mitad de esa cifra se lograría despidiendo “funcionarios políticos”.

“Los salarios que dependen del gobierno central, no de todo el Estado, del gobierno central, suman hoy 18 mil millones de dólares (…) Si consideramos los 100 mil funcionarios adicionales que entraron entre 2022 y 2024 y decidimos sacarlos, porque en gran medida son funcionarios políticos, son 3 mil millones”.

Suena escandaloso. Cien mil operadores políticos contratados por este gobierno. Tres mil millones de dólares malgastados.

Una gran historia. El único problema es que no es cierta.

La Encuesta Nacional de Empleo estimó un aumento de 104.076 funcionarios desde marzo de 2022. Pero claro, ello incluye al Estado completo, no solo al gobierno central.

En julio de 2025, Horizontal, un think tank de oposición, analizó las cifras, y concluyó que desde marzo de 2022 el sector público creció en una cifra muy similar: 108.122 personas.

Pero, de nuevo, ello incluye a todo el Estado. Según Horizontal (un think tank, repito, de oposición), “el gobierno central (excluyendo Servicios de Salud y SLEP) ha crecido solo en 5.868 cargos, siendo incluso más bajo que en gobiernos anteriores en el mismo periodo (20.411 durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y 16.646 en el segundo gobierno de Sebastián Piñera)”.

O sea, este gobierno tiene la tasa más baja de aumento de personal de las últimas administraciones. Y eso, aun incluyendo funcionarios de los poderes judicial y legislativo.

Mientras, los empleados de los servicios de salud han crecido en 16.562, y de los nuevos servicios locales de educación pública, en 16.078, muchos de ellos traspasados desde los municipios junto a la administración de los colegios.

¿Dónde está el grueso de los nuevos empleados públicos entonces? En los municipios, que dependen de alcaldes y concejales de distintos colores políticos, con 53.003 empleos. Otros 13.112 corresponden a empresas públicas, y 2.750 a Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas.

En vez de reconocer el error, la campaña republicana se lanzó en un ataque de tierra arrasada. Enfrentado a los números oficiales y a las estimaciones de expertos serios, José Antonio Kast respondió que “la Dipres (Dirección de Presupuestos) puede decir lo que quiera” y preguntó al aire “¿alguien le cree al ministerio de Hacienda? Yo no le creo”.

El engaño fue denunciado públicamente por el exdirector de Presupuestos de Piñera, Matías Acevedo, y por el exministro de Hacienda del mismo gobierno, Ignacio Briones, quien calificó las promesas de recortes como “vender humo”.

“No saben cómo salir del callejón sin salida en el que están; atacan, atacan, atacan, mienten, mienten, mienten. Nosotros lo hemos dicho, van a ser 30 días de ataques y de mentiras”, se victimizó Kast.

¿Cómo convertir 6 mil en 100 mil? El Mercurio fue en su auxilio.

Publicó en portada una nota que replicaba información similar a la ya conocida, pero con un titular diseñado con pinzas: “Empleados públicos suben en casi 100 mil desde fines de 2021, mientras Kast insiste en cuestionamientos y promete auditoría total”.

Un titular engañoso, que Kast replicó de inmediato en sus redes sociales, con el texto “Lo dijimos: van a mentir, van a difamar y van a ocupar todo el aparato del Estado para aferrarse con uñas y dientes al poder. Pero la verdad se impone y vamos a ganar”.

Están aplicando el viejo refrán de “si no puedes convencerlos, confúndelos”. Agredir, acusar, emporcarlo todo, embarrar el debate público. En una columna en La Tercera, titulada “Parásitos”, el estratega en jefe de Kast, Cristián Valenzuela, descalifica a quienes piden números serios como una “casta política” que va “desde el PC hasta la UDI”. Todos ellos son “los mismos de siempre”, los “parásitos” que “se reparten el botín”, entre “asesores, operadores y consultorías”, escribe.

Todos, menos ellos, por supuesto. José Antonio Kast fue concejal cuatro años, y diputado por 16, con dieta y millonarios fondos para “asesores, operadores y consultorías” (además de bencina, teléfonos, oficinas, etcétera) a cargo fiscal; y ahora una década como candidato presidencial, en campañas que también reciben financiamiento público.

Se ha dedicado por 30 años a la política, pero no es parte de esa “casta política”.

Valenzuela lleva 20 años ejerciendo múltiples cargos políticos, muy bien pagados con dinero fiscal: asesor legislativo, jefe de gabinete de diputados, y de la subsecretaría de Hacienda y del ministerio de Energía, no por ser experto en macroeconomía o en matriz energética, sino por ser político.

Además, tuvo roles relevantes en dos de los think tanks que más dinero fiscal reciben del Congreso: Fundación Jaime Guzmán, de la UDI, e Ideas Republicanas, de Republicanos, que lideró, y que reciben ese dinero por su asociación con partidos políticos. En suma, ha vivido de la política y para la política, recibiendo dinero público, por dos décadas.

Pero claro, él no es “parásito”, “casta” ni esos millones de platas fiscales que ha ganado son parte de ningún “botín”.

El cálculo de la candidatura favorita para ganar la presidencia es que antes que admitir un error, es más conveniente embarrarlos a todos, y de paso arrasar con la confianza ciudadana en el servicio público, en el Estado, y en instituciones tan relevantes como el INE, el ministerio de Hacienda y la dirección de Presupuestos.

Instituciones que ellos mismos, si ganan, van a necesitar para gobernar.

¿Cómo van a cumplir la promesa de sacar a esos cien mil “parásitos”? ¿Van a echar a profesores, profesionales de la salud y carabineros contratados en estos años? ¿O a funcionarios de las municipalidades, la mayoría de ellas lideradas por la oposición?

Kast sabe que, si llega a La Moneda, no podrá cumplir esa promesa de echar a cien mil “operadores políticos” y con ello ahorrar mágicamente tres mil millones de dólares, mientras además recorta, también por arte de magia, otros tres mil millones, y al mismo tiempo cumple su promesa de eliminar impuestos por unos miles de millones más, todo esto sin tocar ni con el pétalo de una rosa los beneficios sociales.

¿A quién culpará entonces? ¿Tal como ahora, todo será culpa de los pérfidos “parásitos”, de esa malévola “casta política” de la que él y sus principales asesores han sido, por décadas, conspicuos miembros?