Por Paola Tapia, ex ministra de Transportes y Telecomunicaciones. Directora de Derecho UCEN y Fundadora Mujeres en Movimiento y Red Ciudad Futura

La pandemia nos ha permitido recordar ciudades que habíamos olvidado, con cielos más limpios y calles menos congestionadas, aunque, lamentablemente, con un aumento proporcional de siniestros de tránsito, pese a la gran disminución en la circulación vehicular.

También hemos presenciado cómo los efectos positivos se van perdiendo gradualmente con las distintas etapas del desconfinamiento, y preocupa la falta de políticas públicas integrales de movilidad, dejando en evidencia nuevamente las debilidades de nuestra institucionalidad y de la priorización política de la agenda sustentable.

La pandemia era un desafío nunca antes visto, pero también una oportunidad de empezar a pensar los nuevos territorios. Tuvimos la visión única de los efectos de sacar a millones de personas de las calles y, esos datos, deberían estar reflejados en nueva infraestructura equitativa, inclusiva y con perspectiva de género, para dar seguridad a las mujeres, jóvenes, niñas y niños.

En estos objetivos está trabajando la sociedad civil y la academia, escuchando y entendiendo que las demandas legítimas de las personas requieren de liderazgos efectivos y empoderados. Hay que pasar a la acción y, por eso, junto a 200 mujeres de toda Ibeoramérica, buscamos resolver en nuestra  organización “Mujeres en Movimiento”, potenciando proyectos de movilidad que se están desarrollando en distintas ciudades de Latinoamérica, que esperamos también se materialicen en nuestro país.

Nuestras urbes no se deben construir solo reflotando proyectos ya existentes, anunciados y reanunciados en más de una oportunidad, buscando réditos políticos, sino también concretando de una vez iniciativas emblemáticas. Un ejemplo es el Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana de 2017, que establece que el gobierno “deberá coordinar y gestionar la asignación de recursos para la construcción de 300 kilómetros de ciclorutas y 3.000 biciestacionamientos públicos”.

Las ciudades del futuro, con innovación y tecnología, se planifican y construyen hoy. Frente al cambio climático y al colapso de nuestras vías, se requieren soluciones que prioricen los espacios y el transporte público con una visión más equitativa, que resguarde a quienes están en condiciones más vulnerables y se exponen día a día no solo al contagio, sino también a la contaminación.

En este escenario complejo y más bien reactivo por parte de las autoridades, el cambio constitucional es una oportunidad innegable para garantizar, entre otros, la movilidad sustentable, el acceso a un transporte público y vivienda digna, pero planificados a través de políticas que incluyan la participación ciudadana, el enfoque territorial y transversal, incluyendo dos elementos esenciales en la planificación: la equidad de género y la accesibilidad de personas con discapacidad.