Podremos tener diferencias acerca del proceso constituyente pasado. Pero existen aspectos en que hoy la gran mayoría coincide, como lo son el valor del diálogo y la construcción de acuerdos; la importancia que la política juega en la mediación entre la ciudadanía y el Estado; que los compromisos deben cumplirse; y que la aceptación de un nuevo contenido constitucional será la tan ansiada legitimidad buscada, la que se construye entre todos y todas.

En este escenario, podemos afirmar que el Acuerdo por Chile es una buena noticia, porque nos entrega una segunda oportunidad para conducir institucionalmente el malestar y las deudas sociales y políticas, recogiendo los aprendizajes del proceso anterior.

Por una parte, reconoce la necesidad de un diálogo entre el gobierno, el Congreso y el proceso constitucional para la deliberación compartida en torno a lo urgente y lo importante. En lo urgente, recoge la necesidad de incrementar las seguridades sociales, económicas, de seguridad pública. En lo importante, la modernización del Estado y las reformas al sistema político-electoral, para reequilibrar representatividad y gobernabilidad. Dicho de otro modo, es necesario acompañar el proceso constitucional con medidas de corto y mediano plazo, sin esperar el término del debate.

Por otra parte, el diseño de los órganos del proceso constitucional contempla que el nuevo texto constitucional sea aprobado por un Consejo Constitucional 100% electo, paritario y con escaños reservados; busca que los expertos puedan contribuir con un texto base para la discusión y con mejoras en la redacción y comprensión para una adecuada armonización; y establece mecanismos de arbitraje, como son la comisión mixta o el comité técnico de admisibilidad.

Esperamos que este diseño se complete con mecanismos de participación ciudadana como los que la Fundación Chile 21 y otros centros de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil han propuesto. No hay una solución única, pero sí una demanda compartida de participación para asegurar mayores niveles de consenso, transparencia y legitimidad, para de esta forma construir un Chile más abierto, más justo y más inclusivo.

Finalmente, el acuerdo reconoce 12 bases constitucionales e institucionales. ¿Son ellas una regresión frente a la propuesta constitucional que fuera rechazada en el plebiscito de salida o incluso frente al actual texto constitucional? No, el contenido está presente de manera textual o en referencias en el mismo sentido que la propuesta constitucional de 2022, salvo la mención al terrorismo y al estado de emergencia. Mientras que innova respecto de la actual Carta al incluir un Estado social y democrático de derecho, que constituye un franco avance que bien vale este acuerdo por Chile.

Por Alejandra Krauss, presidenta de la Fundación Chile21