Más de siete meses han pasado desde que el gobierno del Presidente Gabriel Boric anunció la implementación del Plan Buen Vivir, que entre sus ejes incluía dos aspectos en materia de política indígena: restitución de tierras y el reimpulso del Ministerio de Asuntos Indígenas. El resto de los componentes iban en dirección al desarrollo e inversión en seguridad en la Macrozona Sur.
Si bien los puntos anteriores son muy relevantes, entendiendo el contexto de rezago económico y los constantes atentados que se perpetúan en la zona, se repite, lamentablemente, la mapuchización o araucanización de la agenda indígena, desde una mirada reactiva a hechos de violencia o urgencias circunstanciales.
La política indígena debe tener una mirada integral y destinada a los diez pueblos que habitan nuestro país. Debe tener también una visión de futuro, que propicie el diálogo, el desarrollo cultural y económico de los pueblos indígenas y la participación efectiva en la toma de decisiones que los atañen. Para lo anterior, se requiere voluntad política que impulse los proyectos de ley que duermen en el Congreso Nacional, y un acuerdo transversal para avanzar en reformas que permitan impulsar la olvidada agenda indígena.
En materia de institucionalidad, es urgente aprobar el Ministerio y el Consejo de Pueblos Indígenas, ambos en segundo trámite constitucional en el Senado. Esto ayudará por un lado a generar un Estado más eficiente en materia de inversión de recursos públicos, hoy disgregados en distintas reparticiones gubernamentales sin ninguna coordinación, y por otro lado, permitirá mediante el Consejo de Pueblos, una interlocución clara y validada con los miembros de los pueblos indígenas.
Respecto a la política de tierras, es pertinente avanzar en primer lugar en el Catastro de Tierras -suspendido por la actual administración- y que generará los insumos para determinar lo ya restituido y lo que queda por devolver, y así poder implementar un mecanismo de entrega de tierras claro, transparente y con certezas jurídicas. Al mismo tiempo es relevante insistir en la modificación de la Ley Indígena, para dar, por ejemplo, la posibilidad para que aquellas tierras indígenas individuales o comunitarias, puedan ser arrendadas, dadas en comodato o cedidas a terceros en uso, goce y administración cuando sus propietarios libremente así lo decidan.
Finalmente, se requiere avanzar en la participación efectiva de los pueblos indígena en las grandes decisiones del país, mediante la existencia de escaños reservados en el Congreso Nacional, y estableciendo mejoras al Procedimiento de Consulta Indígena, el cual, a más de 8 años de su aprobación, necesita ajustes para el mejor ejercicio de este derecho de todos los pueblos indígenas.
Por Andrés Cortés Díaz, ex asesor especial de Asuntos Indígenas de Gobierno 2018-2019
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