Uno de los elementos más llamativos en el discurso de la candidata a la alcaldía de Las Condes Marcela Cubillos frente a los cuestionamientos al sueldo que recibía como docente era la apología a la libertad absoluta de los privados de adoptar decisiones que no deben someterse a ningún tipo de control de parte del Estado o cuestionamiento de la ciudadanía. Tras este discurso existe una comprensión de la libertad que colinda con la idea de justificar todas las conductas bajo la premisa de un simple porque puedo.
Interpelada por el monto, identifica que la izquierda política en el fondo busca coartar la libertad de los privados. Ante los detractores de derecha, la línea de argumentación ha estado orientada a buscar desnudar las aparentes contradicciones de quienes tendrían militancia y, al mismo tiempo, cargos en universidades privadas. Esta última estrategia se complementa con la comparación de su sueldo con el de altos cargos públicos en el Estado, ya fuese de tipo técnicos, o bien de elección popular. Una especie de “ustedes también lo hacen”, dejando implícita la potencial hipocresía de sus críticos.
Es fácil comprender la molestia de la candidata frente a estas interpelaciones. No obstante, su defensa de esta libertad tiene como consecuencia un descrédito a la misma cuyas reverberaciones pueden ser complejas. Las y los académicos universitarios, por regla general, requieren de estudios de posgrado para estar en una posición que les permita generar conocimiento, educar y difundirlo en la comunidad. Estas tareas se ciñen a reglas que permiten generar el saber y distinguirlo de intuiciones y opiniones. Qué duda cabe, es esta estructura la que determina la razonabilidad de los sueldos en las universidades, que son instituciones vitales en la generación de cultura, desarrollo y belleza. Luego, las interpelaciones a identificar cómo se justifica el sueldo de un académico bajo estos cánones, lejos de ser antojadizos, lo que buscan hacer es ofrecer criterios de razonabilidad para comprender cómo se alcanza un determinado monto.
Utilizar los cánones universitarios universalmente aceptados no es una imposición, ni una negación a la autonomía de las instituciones de educación superior. Por el contrario, es un reflejo de que la libertad no está ajena a la necesaria racionalidad del cumplimiento de las reglas compartidas. La discrecionalidad que tienen las universidades para fijar sueldos no es equivalente a arbitrariedad, o bien no debería serlo, pues su propia legitimidad depende de aquello. Una comprensión de la libertad aislada del cumplimiento de normas es una donde se la confunde con un ejercicio de fuerza.
El problema del porque puedo es que revela que los consensos institucionales son precarios si quienes los construyen pueden optar por incumplirlos. Y todos sabemos que en un país donde existe un descrédito a las instituciones y donde se respira la inequidad, la apología a esta fuerza y la selectividad de las normas que respetarán quienes toman las decisiones, no contribuye.
Por Claudia Sarmiento, profesora de Derecho Constitucional Universidad Alberto Hurtado
