“The Untouchables”, conocida en Chile con el título de esta columna, es una extraordinaria película de Brian de Palma quien, en 1987, dio vida a la biografía de Eliot Ness, el viejo e idealista agente de policía que persigue a Al Capone.
Convencido, después de diversas persecuciones al mítico criminal, que la policía le entregaba información a la banda en plena ley seca, éste se encuentra con almacenes vacíos y bodegas sin alcohol, hasta que una noche conoció a Jim Malone, un honesto policía de la vieja guardia. Luego, se le suman al equipo George Stone y Oscar Wallace, un cadete de policía y un contable, quienes persiguen a Capone, bajo la amenaza de su peor pistolero Frank Nitti, que busca acabar con Ness y su equipo. Es en este contexto –y a riesgo de spoiler de la película- que el equipo capturó y llevó a la justicia al contador de Capone, quien manejaba una lista de sobornos a funcionarios públicos y no pago de impuestos ante la Justicia. El resto de la historia es conocida. El gran criminal cae por el menos gravoso de sus delitos y no por sus fechorías de sangre. Lo interesante es la actitud de un juez, que había hecho oídos sordos a las anteriores denuncias. Ni ver, ni oír, ni entender. La red de poder.
La película, nominada al Oscar, nos trae sus recuerdos al Chile de hoy. Desde antes del caso audios de Luis Hermosilla, los chilenos teníamos la sensación que la justicia –como concepto, incluso más que como institución- llegaba sólo si eres pobre y no si tienes influencia y poder. Nos hemos acostumbrado a ver desfilar siempre en los casos más mediáticos a los “hilos delgados”, pero jamás a “los peces gordos”, salvo excepciones. El audio de Hermosilla con su cliente es indicativo y desnuda crudamente aquello que todos sabíamos o suponíamos. Una red de poder, que se extiende en un país pequeño de amigos, comidas, clubes exclusivos, cheese and wine (como suele llamarse con siutiquería exquisita por estos días); que permite que la Justicia desvié sus ojos a los chivos expiatorios y otros –insólitamente- parecen indemnes a la acción de la justicia.
Esta sensación extendida puede observarse en cualquier encuesta sobre la confianza en la justicia chilena.
En el caso Hermosilla se puede observar con absoluto desparpajo cómo un abogado, que ha defendido desde el “caso Degollados” a ser el abogado de la familia del asesinado senador Jaime Guzmán, se mueve con extrema facilidad por todo el arco político. Un hombre que transita por los pasillos, hablando de compartimentar información, de considerar cajas para sobornos y un teléfono con 770.000 páginas de conversaciones, probablemente con moros y cristianos. Además de fiestas en yates con personajillos de la farándula. Sexo, alcohol, rock and roll y una clara capacidad de influencia, desde Presidentes a altos empresarios, amigos en problemas y vaya uno a saber que más. Listo para “incendiar oficinas del Servicios de Impuestos Internos” si es necesario. Como decía Bacon, “información es poder”.
Lo curioso, es que mientras el abogado ha sido llamado a declarar dos veces sólo como testigo, todos a su alrededor caen, son formalizados y quedan en prisión preventiva, mientras él aparece –más allá de los detalles de los casos- como intocable, esta vez desde el otro lado de la película. Cae la plana de Factop, cae el Director de Investigaciones, pero pareciera que nadie se atreve a tocar al “Don” del que escribía Mario Puzo en sus sagas sobre la mafia italiana. ¿Qué sabe “Lucho”?, como era conocido por amigos. ¿Qué secretos le sabe a cada uno? Todos esperamos que en un minuto ello salga a la luz, mientras si preguntas en la calle, nadie cree que ello vaya a suceder.
Pero lo mismo ocurre en otros casos. ¿Qué ocurrió con la diputada Catalina Pérez (ex RD) después del caso Fundaciones? Hábilmente desde La Moneda, o desde los partidos oficialistas, el caso Fundaciones se “encapsuló” con una magistral movida comunicacional en la Fundación Democracia Viva, el símbolo de 68, sí, 68 Fundaciones investigadas. Todo quedó reducido a Contreras (ex jefe de gabinete de Catalina Pérez y su operador en la zona como Seremi de Vivienda en Antofagasta) y a su ex novio Daniel Andrade; ambos desfilando engrillados para regocijo de las cámaras. Ahí queda Catalina Pérez, aún no es siquiera desaforada como Diputada.
Igual es el caso de Alberto Larraín, psiquiatra, cercano a la DC y luego al Frente Amplio, colaborador desde Claudio Orrego hasta el mismo Presidente Boric, a quien conoció de cerca en su campaña. Larraín, con la sagacidad de un pez, recibió, entre 2022 y 2023 del gobierno central y desde varios regionales, en su Fundación Procultura más de 5 millones de dólares. Lo anterior desde pintado de fachadas hasta recuperación patrimonial, pasando por programas contra el suicidio y otras hierbas. Sólo en el gobierno regional de Santiago, mientras era Director de la Corporación del propio GORE, recibió $1.600 millones de pesos que se esfumaron de Procultura, quedando sus cuentas vacías. De Larraín nada, sólo una actriz que participaba de la Fundación fue objeto de una querella. Otro intocable, al igual que Pérez, ambos con redes de poder, apoyo político y mediático de por medio, equilibrándose en un “si caigo yo, caen todos”.
A casos como los de Hermosilla, Pérez, Larraín, se suman los de Crispi y Jadue, quienes dentro de la misma red de poder se benefician del ajedrez de jugar al empate permanente, atacar como mejor defensa; mientras los ciudadanos asisten noche tras noche para mirar impactados qué ocurre con aquellos para quien la justicia no llega.
Mientras los ciudadanos deben pagar impuestos, cumplir las normas y evitar multas injustas por cualquier cosa en sus negocios; crece la crispación que poco a poco, junto con la corrupción que corroe moralmente las instituciones y a sus personajes, aumenta la indignación ciudadana horadando la democracia y aumentando la olla a presión de una sociedad que aborrece el sistema. Todos estamos advertidos.
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