Mucho se habla de la necesidad y la voluntad de volver a crecer a las tasas históricas, cuando el país fue reconocido en el mundo por el éxito en la reducción de la pobreza. Mucho se sabe también -hace rato- que la mejor forma de aumentar la recaudación es a través de un mayor crecimiento económico. Y luego del último IPoM, mucho se ha mencionado que el crecimiento de la economía chilena de largo plazo de 1,8% no es suficiente para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Sin embargo, “a la hora de los ‘quiubos’”, los hechos parecen mostrar que el crecimiento económico está lejos de ser una prioridad (lastimosamente).
De acuerdo al reciente “Índice de Calidad Institucional” de la Red Liberal de América Latina, Chile se encuentra ahora en su peor posición histórica: se ubica en el lugar 34 de 198 economías. Por primera vez, el país ya no es líder regional. Al deterioro en la calidad institucional se suman en el último tiempo el estallido social, dos intentos de reforma constitucional, mismo número de reformas tributaria y al sistema de pensiones, un aumento de la delincuencia y una complejización de la “permisología”; cóctel que no ha hecho más que transformar al país en un destino menos atractivo para las inversiones y un lugar menos interesante para hacer negocios.
Ahora le llegó el turno a Google, que ad portas de las Fiestas Patrias anunció que desiste de su proyecto de data center por US$ 200 millones en la localidad de Cerrillos. La declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto original, de 2019, había obtenido una calificado favorable en 2020. Sin embargo, cuatro años después, el Segundo Tribunal Ambiental cuestionó el uso de agua en procesos del centro de datos y ordenó retrotraer la aprobación de la resolución de calificación ambiental (RCA) hasta la etapa previa. Simultáneamente, hace apenas unas semanas, la misma empresa anunciaba un proyecto por US$ 850 millones (cuatro veces más que para el proyecto antes mencionado) para la construcción de un nuevo data center en Uruguay, un país cuya población es de apenas 3 millones de habitantes. Parece evidente que las inversiones se mueven de manera bastante más ágil que la velocidad a la cual avanza el otorgamiento de los permisos en Chile.
Estamos claros que el país necesita crecer, y que la economía chilena lleva una década perdida en materia de crecimiento económico. Sin embargo, no somos capaces de acelerar los tiempos de otorgamiento de los permisos ambientales o sectoriales para que la inversión se materialice. En este escenario, es muy poco probable que logremos atraer inversión extranjera, más aún si consideramos que nuestras tasas de impuesto corporativo no son competitivas en la actualidad. Crear oportunidades a través de habilidades digitales, expandir la infraestructura para impulsar el desarrollo económico y respaldar un futuro más sostenible, debieran figurar dentro de las prioridades del país en materia económica no solamente en palabras, sino en los hechos.
Por Gabriela Clivio, economista y académica
