Cuesta entender la lógica por la cual el Congreso delega su potestad constituyente en un órgano inexistente y bajo tal nivel de desconfianza que necesita fijarle límites tan básicos como la separación de poderes o la autonomía del Poder Judicial. Ciertos encargos, atendida su importancia, solo se hacen si la seguridad es máxima, lo cual es inconsistente con el establecimiento de resguardos elementales, más incomprensibles aún si se mira la experiencia del reciente fracaso de la Convención pasada.

¿Por qué insistir en un órgano ajeno a nuestra tradición política y constitucional, en el que justificadamente no se tiene confianza? No es difícil elaborar hipótesis que respondan la pregunta. Los sectores de izquierda que se identifican con el proyecto chavista han hecho un trabajo sistemático de demolición de la confianza, durante décadas han tenido un discurso que horadó primero la política, recordemos expresiones como el “duopolio” o la “exclusión”, mediante los cuales se culpó al sistema electoral mayoritario de todos los problemas de nuestras instituciones; luego el mito de que somos el país “más desigual del mundo”, sobre el cual se justificó la supuesta captura del poder político por el llamado poder económico; la Constitución misma se identificó con la raíz de todos los males de nuestra sociedad.

La demolición ha llegado a un punto que somos un Estado, probablemente uno de los pocos del mundo, que perdió casi completamente la noción del uso legítimo de la fuerza. No solo la policía es objeto de una inhibición casi total para reprimir los actos de violencia y delincuencia, sino que ahora las unidades militares son atacadas por adolescentes que les lanzan piedras y bombas molotov, frente a lo cual los soldados reaccionan lanzándoles agua, como si estuvieran en una “guerra” de alianzas estudiantiles.

Cada vez hay más partes de nuestro territorio que el Estado no controla; desde luego, es un hecho evidente que no controlamos partes importantes de nuestra frontera, por donde ingresan inmigrantes incumpliendo las normas de entrada a Chile. En la Macrozona Sur, ni siquiera bajo estado de excepción constitucional se logra restablecer el imperio del derecho.

Cada cierto tiempo se ve a parlamentarios de centroderecha reclamando, y con razón, que se otorgue un mayor respaldo a las instituciones de Orden y Seguridad Pública, así como a las Fuerzas Armadas en las zonas bajo estado de excepción constitucional. Pero esos mismos parlamentarios renuncian al imperio del derecho en la propia institución a la que ellos pertenecen.

Esta contradicción es insalvable, porque forma parte del mismo fenómeno: la demolición sistemática de las instituciones a las que se busca sustituir por mecanismos de asamblea que eliminan la racionalidad propia del Estado de Derecho.

Es a esto a lo que es imprescindible ponerle bordes, el primero de los cuales es que el poder constituyente lo ejerce el Congreso Nacional.

Por Gonzalo Cordero, abogado