Columna de María Cristina Fernández: Reforma de pensiones: ¿solidaridad?

11 Noviembre 2022 Pensiones, Jubilados, tercera edad, trabajadores, AFP, jubilacion Foto: Andres Perez



A partir de la lectura de la reforma previsional presentada por el gobierno se puede desprender que uno de los focos del proyecto sería corregir la desigualdad del mercado laboral y beneficiar a aquellos trabajadores que, si bien han efectuado un esfuerzo individual a lo largo de su vida, tienen lagunas o brechas que les impedirían obtener una mejor pensión.

Para paliar lo anterior, la reforma propone tres pilares: fortalecer la Pensión Garantizada Universal para que ésta llegue a los $250.000; establecer una cotización adicional del 6% de cargo del empleador, la que se incorporaría a un Fondo Integrado de Pensiones con Registro Individual (FIP) -creándose el Seguro Social Previsional-; y eliminar a las AFP, creando un ente estatal que administraría el 6%, junto con la promoción de entes privados que competirían por la gestión de los fondos.

Además de ello, aumenta el tope imponible a UF 122,7, elimina el retiro programado, los depósitos convenidos y la cuenta 2, para fortalecer el Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC).

Respecto de la nueva cotización del 6%, éste iría en un 70% a un registro individual y un 30% al fondo solidario, el que redistribuiría las jubilaciones para que los que cotizan menos reciban más.

¿Corregirá la reforma las desigualdades del mercado laboral incorporando solidaridad al sistema? Creo que la respuesta es no. En primer lugar, no se hace cargo de los principales problemas por los cuales tenemos pensiones bajas: informalidad en el trabajo, quienes trabajan formalmente cuentan con bajos ahorros (solo el 10% del sueldo); lagunas previsionales; y la edad efectiva de jubilación, considerando que la esperanza de vida aumenta año a año.

Segundo, el proyecto impone una cotización adicional que será, por un lado, un impuesto al trabajo para los empleadores, impactando el mercado laboral, especialmente en el largo plazo. Adicionalmente, dicha cotización es un “vale por” para los cotizantes, ya que el 6% sólo será “registrado” en la cuenta de registro individual, pero no incorporado en ella. En otras palabras, “hagamos como que ahorramos, pero cuando jubilemos, veremos (o no veremos) los beneficios del aporte adicional”.

Tercero, agrega más entes públicos, cuyo financiamiento deberá salir del bolsillo de todos los contribuyentes con cargo a impuestos, en lugar de aprovechar el sistema y la capacidad instalada existente, ahorrando para el Estado recursos que podrían destinarse a otros gastos sociales.

Por último, nos quita la libertad de elegir dónde invertir nuestros ahorros, al obligarnos a estar en el fondo de la generación que nos corresponde.

En conclusión, podemos deducir que, si la reforma de pensiones se aprueba tal y como ingresó al Congreso, podría traer más costos que beneficios para todos los chilenos.

Por María Cristina Fernández, Managing Director Tax & Legal KPMG en Chile

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