El pasado domingo 12, TVN estrenó la serie documental “Adoptados, la historia que nos falta”. Esta serie, de la productora Surreal Films y dirigida por Cristián Leighton, aborda la historia de más de 20 mil niños que salieron al extranjero por adopciones internacionales irregulares durante la dictadura cívico-militar de Pinochet. Casos similares ocurrieron en otros países del Cono Sur, como en Argentina, donde cientos de niños fueron dados en adopción luego de ser secuestrados junto a sus padres o después nacer durante la detención de sus madres embarazadas.
Karen Alfaro, académica de la Universidad Austral de Chile, quien ha investigado las adopciones forzadas en nuestro país, señala que los niños fueron sustraídos después de nacer o durante la infancia, sin el consentimiento de las madres y con la complicidad del personal médico, miembros de la Iglesia Católica y agentes del Estado, para ser dados en adopción en países de Norte América (Estados Unidos) y Europa, tales como Francia, Holanda, Italia y Suecia, entre otros. A muchas de esas madres se les dijo que sus hijos murieron al nacer y muchas otras fueron inhabilitadas por instituciones judiciales y asociadas al cuidado de la infancia. Estas adopciones forzadas fueron parte de políticas de control de la población orientadas a erradicar la pobreza y lograr el desarrollo a través de la regulación de la reproducción de mujeres jóvenes, solteras, indígenas, rurales y de sectores populares. Estas prácticas eugenésicas no fueron ajenas al resto de los países de América Latina, como lo demuestra el caso de la esterilización forzada masiva de mujeres indígenas, rurales y populares en Perú, durante el régimen de Alberto Fujimori, en la década de los noventa.
Desde la perspectiva de la justicia reproductiva, todas las personas tienen derecho a tener y criar a sus hijos. La vulneración sistemática de este derecho en las miles de adopciones forzadas realizadas en el país develan no solo las complejas intersecciones entre violencia de género y violencia política durante la dictadura cívico-militar, sino también cómo el cuerpo y el potencial reproductivo de las mujeres constituyen lugares de abuso, apropiación y explotación funcionales a la consolidación de los proyectos de regímenes patriarcales autoritarios. Estas prácticas ponen de manifiesto también la estratificación de la reproducción y cómo consideraciones sociales en torno a quién tiene derecho a tener y criar hijos se distribuyen asimétricamente a partir de criterios de género, clase, raza, etnicidad y discapacidad, entre otros, afectando especialmente a aquellas mujeres en situaciones de mayor pobreza, precariedad y vulnerabilidad.
Este año se conmemoran 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Casos como el de las adopciones forzadas nos demuestran que como sociedad todavía estamos en deuda con las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Avanzar en los procedimientos judiciales que permitan establecer responsabilidades penales y sanciones para quienes participaron de las adopciones forzadas, así como también avanzar en el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y la implementación de políticas efectivas de reparación, es fundamental para construir un futuro basado en la verdad, la justicia y el consenso del respeto irrestricto de la dignidad y derechos de todas las personas.
Por Martina Yopo, PhD, académica de la Escuela de Sociología y directora del Observatorio de Desigualdades, Universidad Diego Portales