Los congresistas se frotan las manos. Tienen la oportunidad histórica de redimirse frente a una ciudadanía que los percibe como ineficientes, aprovechadores y egoístas. Esta vez, la fortuna corre a su favor, pues deben decidir el destino de algunos ministros de la Corte Suprema involucrados en graves casos de corrupción. Todo esto, en el contexto de las acusaciones constitucionales, que es la herramienta más poderosa que dispone el Congreso para aplicar sanciones a los jueces que dejan de cumplir sus obligaciones o que, simplemente, actúan en contra de la Constitución y las leyes. De las 21 acusaciones contra ministros de la Corte desde 1990, sólo hay un caso en que el Congreso aplicó la destitución: Hernán Cereceda en 1993. En esa época, eso sí, el Congreso gozaba de una confianza institucional cercana al 40% según cifras del Latinobarómetro (1995), y no del 6% según consigna la última medición del CEP. Adicionalmente, el Congreso era visto como un símbolo de la recuperación democrática, mientras que el Poder Judicial aún no podía sacudirse de su conducta genuflexa frente a la dictadura del general Pinochet en materia de derechos humanos.
Hoy el panorama es totalmente distinto. Ambas instituciones están en el banquillo de los acusados. La misma encuesta del CEP muestra que el 50% cree que la corrupción está extendida en los tribunales de justicia, cifra que crece al 60% en el caso del gobierno y al 63% en el Congreso. En consecuencia, será la institución que genera menos confianza -el Congreso- quien deberá decidir el destino de los ministros de la Corte Suprema.
En perspectiva, lo más probable es que estas acusaciones constitucionales lleguen a puerto. Es decir, que sean aprobadas por el Congreso. Por ahora, no se avizora obstáculo alguno para que, al menos en el caso de la ministra Vivanco, se aplique la sanción máxima. Eso han dado a entender los diputados de todos los sectores políticos. Dicho de otro modo, el actuar de la ministra ha logrado lo imposible: generar un amplio consenso de izquierdas y derechas, de gobierno y oposición, de moderados y radicales, de partisanos e independientes. En el Senado, en tanto, la situación es más incierta, aunque difícilmente se atreva a torcer la voluntad de la Cámara. Ningún senador se va a inmolar a estas alturas. La situación del ministro Matus, en tanto, también avanza hacia la destitución, toda vez que el impulso lo ha dado la DC, comprometiendo los votos de la derecha. El caso del ministro Muñoz es más impredecible, y lo de Carroza aún no cuaja, aunque no es descartable que corran la misma suerte que Vivanco y Matus.
Los congresistas, por tanto, aspiran a ofrecer al público las cabezas de al menos dos ministros de la Corte. Todos quieren ver sangre y se pelean por cuál de ellos será el gran verdugo. Es una disputa pequeña, pero cuyo propósito -inútil eso sí- es recuperar parte de la confianza de una ciudadanía que los mira con rabia, desazón y desprecio.
Por Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca
