Columna de Mauro Valdés: Royalty minero e I+D: No perdamos el norte

FILE PHOTO: Workers at BHP Billiton's Escondida, the world's biggest copper mine, are seen in front of the open pit, in Antofagasta,
REUTERS/Iván Alvarado/File Photo


El royalty minero en Chile es considerado un instrumento fundamental para la generación de ingresos y distribución equitativa a nivel nacional: parte importante de lo recaudado será destinado a los gobiernos regionales y municipios, en parte los municipios más pobres de todo el país y otra a aquellos de zonas mineras. No es de extrañar entonces que, durante la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric, este tema haya sido una parte destacada en su discurso.

Sin embargo, nos preocupan dos temas. En primer lugar, para los mineros es frustrante que la minería siga siendo considerada en forma casi exclusiva como una fuente de recursos donde prevalece una mirada rentista, como de “vaca lechera”, apenas integrada a una estrategia de desarrollo del país y sus regiones. Y en segundo lugar, preocupa que se haya diluido el foco que tuvo el royalty, tanto en su génesis (2005, gobierno del Presidente Lagos) como en la última discusión en 2023: transformar recursos naturales no renovables en conocimiento, emprendimiento, innovación y capacidades humanas y sociales, capital altamente renovable. La oportunidad de la última discusión legislativa era de oro para generar una épica de la minería, como vocación productiva de futuro y fuente de desarrollo sostenible para Chile, asociada directamente a la lucha global contra el cambio climático. Para ser justos, el Presidente Boric sí rescató marginalmente este último aspecto.

En la práctica los cambios que se realizaron en 2023 al royalty minero permitirán recaudar más de 1.000 millones de dólares anuales. Del total de recaudación en régimen, 450 millones de dólares se destinarán para potenciar el desarrollo de las regiones. La mitad de estos recursos serán entregados a los gobiernos regionales, a través del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo -cuyo fin es el financiamiento de inversión productiva- y la otra mitad a 307 municipios del país.

Parte del Fondo Regional deberá invertirse en proyectos y programas que fomenten actividades productivas, el desarrollo regional y la investigación científica y tecnológica, alineados con las prioridades estratégicas regionales y la Política Regional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo. Aún hay posibilidad de desarrollar iniciativas centradas en la I+D+i, con el objetivo de enfrentar los desafíos de la minería y mejorar la oferta tecnológica de Chile.

El sector minero en Chile enfrenta crecientes desafíos, probablemente los más interesantes y avanzados a nivel global, debido a la disminución de la calidad de sus recursos y a la revolución tecnológica y de sustentabilidad mundial. Esto es especialmente relevante ante las proyecciones de demanda de minerales estratégicos para las próximas décadas, como el cobre y el litio, cruciales para la transición energética y la electromovilidad. Aunque Chile está en una posición privilegiada para satisfacer esta demanda, es conocido que la producción mineral no crecerá al ritmo necesario. En este contexto, la inversión en innovación es fundamental para mantener el liderazgo y mejorar la productividad, seguridad y sustentabilidad de las operaciones mineras.

Según el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Chile invierte solo el 0,34% de su PIB en I+D, muy por debajo del promedio de la OCDE. Por ello, el royalty minero debe ser visto como una oportunidad para financiar la innovación y el desarrollo sostenible en el sector. Los gobiernos regionales deben utilizar los nuevos ingresos del royalty para promover la inversión en I+D+i, asegurando el uso efectivo de estos recursos para impulsar la innovación, mejorar las prácticas ambientales y fortalecer la sostenibilidad y equidad en el país. La gobernanza de estos fondos debe garantizar transparencia, agilidad y efectividad en su inversión, aunque hay ejemplos históricos que ponen en duda esto.

Finalmente, es imperativo que el Estado, las empresas mineras, los proveedores, la academia y las comunidades trabajen en conjunto para definir una estrategia nacional coherente que promueva la minería verde y la innovación tecnológica. Para ello se ha sofisticado el ecosistema minero y se han creado instituciones público privadas como la Corporación Alta Ley, los Centros de Pilotaje de tecnologías mineras e industriales, los Institutos del Litio, que permiten coordinar eficazmente este esfuerzo. En vísperas de lo que parece ser un nuevo superciclo de los metales, es hora de aprovechar al máximo nuestro potencial minero como un catalizador para el desarrollo integral de Chile.

Por Mauro Valdés Raczynski, past president Minnovex y Socio Fundador de Dinámica Plataforma

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