En un giro súbito, el epicentro del melodrama pasó del celular de Hermosilla al pleno de la Corte Suprema. En rigor, el destino procesal del abogado y de sus clientes empieza a ser casi una anécdota, apenas el destello mediático que incendiaría la pradera y que lo hizo demasiado pronto. El Presidente Boric ni siquiera alcanzó a saborear los restos reputacionales del jurista, cuando las esquirlas del tráfico de influencias ya habían llegado al corazón de un poder del Estado, nada menos que el encargado de sancionar los delitos y asegurar la igualdad ante la ley.
¿Podría haber algo peor? Claro que sí: una crisis de legitimidad y de confianza en el sistema judicial en un contexto donde el crimen organizado y el narcotráfico pasaran a ser el principal problema público. Y son precisamente ellos, los otros poderosos, los que matan en la calle y a plena luz del día, los que ahora son testigos de una realidad cercana a su mejor sueño: jueces y fiscales en el banquillo de los acusados, integrantes de la Corte Suprema asistiendo en fila a responder acusaciones constitucionales, enfrentando libros de remoción y eventuales formalizaciones.
El ministro Cordero expresaba esta semana su preocupación por que las acusaciones constitucionales se estén ejerciendo “en un contexto de contingencia electoral”, pero el problema es que no hay otro contexto y, lo que es peor, no hay otros parlamentarios. En los próximos meses (la contingencia electoral dura hasta diciembre del próximo año) el país contemplará un desfile de altos magistrados por el Congreso, una imagen que, sumada a todo lo demás, impondrá en la administración de justicia un daño reputacional enorme, en el peor de los momentos en materia de delincuencia y crimen organizado.
La verdad es que no hay alternativa: las irregularidades y eventuales ilícitos cometidos por abogados, fiscales o jueces del rango que sea, deben investigarse y sancionarse, en todas sus aristas. Teniendo claro que esta crisis va a dejar secuelas profundas y duraderas, más todavía si la mancha de aceite sigue extendiéndose, y no hay respuestas político institucionales a la altura de las circunstancias. O sea, exactamente lo que hasta ahora no se ve por ninguna parte, con un Presidente que celebra en público detenciones preventivas y parlamentarios que anuncian acusaciones constitucionales al por mayor.
El escenario que empieza así a configurarse era lo que faltaba para una crisis en todo su esplendor: el sistema de justicia en el banquillo cuando en muchas zonas del país impera la ley de la selva. Como para preguntarse cuál será la lectura que los capos de la droga y de los “ajustes de cuentas” están haciendo de las actuales circunstancias. O alguien creerá que no hacen ninguna, que el crimen organizado es una industria floreciente que no mira ni entiende las señales del contexto; que no evalúa riesgos y oportunidades.
No. Aquí si de verdad hay algunos que no miran o no entienden el contexto, esos están en otra parte.
Por Max Colodro, filósofo y analista político
