Columna de Paula Escobar: Un show que vale poco, pero que cuesta mucho

Diputados del Partido Republicano ofrecen un punto de prensa en la Cámara de Diputados, en donde anuncian la presentación de una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches.



Quienes creen que el hemiciclo es un escenario casi circense, desde donde se realizan performances destinadas a atraer atención y ojalá viralización, han tenido una mala semana.

Dos mediáticas acusaciones constitucionales se quedaron en el camino, pues amplias mayorías de parlamentarios no se quisieron sumar al show. Porque, ¿de qué otro modo puede calificarse la anunciada acusación constitucional del Partido Republicano contra la ministra Izkia Siches? Los Republicanos -en voz del diputado por Valparaíso Luis Sánchez- decidieron utilizar una herramienta de última ratio (último recurso), a dos meses del nuevo gobierno, para acusar a la jefa de gabinete de “haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, infringir la Constitución y las leyes, y haberlas dejado sin ejecución”. Anunciada con énfasis frente a las cámaras, pero sin texto, la acusación solo parece obedecer a estrategias mediáticas para complacer correligionarios y para presionar a sus aliados de Chile Vamos.

Pero Chile Vamos decidió, por esta vez al menos, poner un cerco. “Los partidos agrupados en Chile Vamos no compartimos el momento ni la forma de avanzar en esta acusación constitucional contra la ministra del Interior”, dijo el jefe de bancada de diputados de la UDI, Jorge Alessandri, en un punto de prensa en el Congreso con representantes de los tres partidos de aquella coalición -el gremialismo, RN y Evópoli.

Como “una torpeza política” lo calificó el diputado Francisco Undurraga. “Es un error estratégico”, dijo el exministro Rodrigo Delgado a Cooperativa, agregando que la postura de la actual jefa de gabinete en materia de seguridad “ha ido evolucionando”. Y, considerando que los libelos “inmovilizan” el desempeño del acusado, dijo “preferir a una ministra y un Congreso que sigan trabajando”.

Y es que la iniciativa ultraderechista no tiene más norte que el de causar daño, porque justamente la distraería de su labor y en nada la ayudaría a mejorar su desempeño y a mejor “habitar el cargo”.

A su vez, esta misma semana se cayó la acusación constitucional contra el excanciller Andrés Allamand, liderada por la diputada Pamela Jiles, con apoyo del Partido de la Gente y otros. Por 118 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la llamada “cuestión previa”, con lo que la acusación naufragó.

El libelo acusaba que el excanciller “comprometió gravemente el honor o la seguridad de la nación”, luego de su visita a España en febrero de este año, en plena crisis migratoria en la zona norte del país, y en la que participó de su primera reunión de trabajo tras ser elegido como secretario general iberoamericano en noviembre de 2021. Más allá de que estaba haciendo uso de su feriado legal, los cuestionamientos lo llevaron a renunciar a la Cancillería el 6 de febrero.

Es cierto que actuaciones del excanciller en esos días y antes, especialmente en materia migratoria -basta recordar la diplomacia de los “overoles blancos”-, recibieron críticas. Y es cierto que no se vio nada de bien que pidiera vacaciones para ir a reuniones de su siguiente trabajo, en medio de imágenes caóticas acá. Pero acusarlo de comprometer “gravemente el honor o la seguridad” del país, cuando además ya no está en ejercicio, ¿qué sentido puede tener, salvo el del daño político y/o hacer un show?

Banalizar la acusación constitucional -recurso de última ratio- sólo socava aún más a instituciones que deben reconstruir su credibilidad frente a la opinión pública.

Estas estridencias performáticas no son inocuas. Buscan la demolición -en la hoguera del siglo XXI, es decir, las redes sociales- del adversario, a quien transforman en enemigo. Desplazan la atención de la búsqueda de soluciones a la búsqueda de culpables. Esa distracción alimenta la polarización y aleja la posibilidad de enfrentar las injusticias sociales, que requieren de acuerdos y participación amplias, que garanticen estabilidad y sustentabilidad en el tiempo. Como dice el filósofo Daniel Innerarity: “Uno de los grandes problemas que tienen las sociedades contemporáneas es que somos capaces de generar grandes oleadas de protesta y de insatisfacción, a derecha e izquierda, y eso tiene muy poco que ver con la realización de una transformación social”.

Lo de Republicanos contra la ministra Siches es paradigmático. Más allá de los errores que ella ha cometido, están en una persecución sin pausa para sacarla de escena, como si ella fuera la causante de todos los males, y su salida, la solución universal a los mismos. “Hemos visto un hermoso espectáculo… todos unidos salvaron a Allamand”, dijo la diputada Jiles.

“Ese doble estándar es el que tiene cansados a los chilenos”, dijeron los Republicanos.

De lo que hay enorme cansancio es de conductas como las de ellos, que montan shows que valen poco, pero que son muy costosos para los grandes desafíos que tiene Chile hoy.

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