Columna de Ricardo Lagos: Justicia intergeneracional, responsabilidad con los que vienen

REUTERS/Bruno Kelly/File Photo



Hemos llegado a un momento del desarrollo humano donde, más que nunca, cabe pensar en cómo se ordena la realidad inmediata considerando la vida de los que vendrán. Es un principio que ya cruza las urgencias globales, presionadas por lo que será la post pandemia. Pero también es un principio esencial a tener en cuenta cuando se desarrolla un proceso de refundación constitucional, como el que hemos asumido en Chile. Se trata de actuar con un sentido de justicia intergeneracional.

Este siglo XXI desafía a todas las buenas intenciones con la celeridad de sus cambios. ¿Debe la mirada estar en lo ocurrido en treinta o más años atrás o en los treinta qué vendrán? No es una pregunta menor cuando una sociedad decide revisar su hoja de ruta y poner nuevas precisiones a su plan de futuro. La historia entrega advertencias. Pensemos sólo dónde estábamos el 2000: la población era algo superior a los 6 mil millones de habitantes y al 2025 superará los 8 mil millones; internet comenzaba a mostrar su potencialidades, pero aún con precarios usos de la www y sin la presencia del celular inteligente, con todo su universo de links, redes sociales y apps. En otros términos, al 2000 las sociedades aún seguían determinadas por flujos verticales más que horizontales. Eso es lo que cambió: de la Revolución Industrial pasamos a la Revolución Digital.

La Revolución Industrial, entre 1800 hasta el 2000, transformó el mundo con la invención de la máquina a vapor. De una economía rural, basada en la agricultura, pasamos a una de comercio urbano, monetarizado y mecanizado, lo que modificó profundamente la vida cotidiana, así como la organización social y política existente hasta ese momento.

En 200 años, la población mundial creció de 1.000 millones, en 1800, a 6.000 millones, en el año 2000. Como señala Ignacy Sachs en Las Edades de la Globalización, de esos 1.000 millones, solo el 7,3% vivía en ciudades y casi el 93% restante en el campo, con una agricultura de subsistencia que le permitía comer. La extrema pobreza alcanzaba el 84% y la esperanza de vida era de 29 años, debido a la alta mortalidad infantil. Estas cifras cambiaron radicalmente en el mundo del año 2000. Un 47% de la población residía en ciudades, mientras que los pobres pasaron de un ingreso promedio anual de 1.000 dólares a 10.000 dólares. A su vez, la extrema pobreza –aunque aún crítica– afectaba al 25% de la población y la esperanza de vida alcanzaba 66 años. Es decir, en 200 años tuvimos un desarrollo enorme, nunca antes experimentado en la historia mundial. Sin embargo, cabe preguntarse cuál fue el costo de ese desarrollo, porque el crecimiento demográfico exponencial de estos dos siglos sucedió a la par con una evolución económica, social y política, donde el ser humano se comportó como siempre lo había hecho: aprovechando y explotando todos los recursos y materias primas que el planeta Tierra le ofrecía. Es decir, en estos 200 años, el planeta fue depredado, siendo sus recursos naturales utilizados casi al límite, sin preocupación por su disponibilidad futura ni por las consecuencias de esta explotación desmedida.

Recién a fines del siglo XX comenzaron a sonar las primeras alarmas sobre las consecuencias irreversibles del cambio climático y, con ellas, a generarse una conciencia respecto a la finitud de los recursos naturales. Los combustibles fósiles –carbón, petróleo y gas–, fuente de energías para máquinas e industria y que permitieron el avance por dos siglos, fueron extraídos sin considerar las evidentes consecuencias nocivas de esa práctica: 75% del total de las emisiones de los gases de efecto invernadero y casi del 90% de las emisiones de dióxido de carbono quedan en la atmósfera por más de 120 años. Ante eso, la Cumbre de la Tierra (1992) puso en marcha el concepto de desarrollo sustentable, idea que encerraba tres desafíos: actuar frente al cambio climático, resguardar la biodiversidad y combatir la desertificación creciente.

Este cambio epocal ha generado un doble cambio de paradigma en todos los sectores económicos y productivos. Si en el siglo XX el crecimiento se medía por el ingreso bruto por habitante, la medida de desarrollo de este siglo será la emisión por habitante, donde la biodiversidad será el elemento ordenador de nuestra actividad económica. Al mismo tiempo, ya sabemos que muchos de los recursos naturales aún disponibles no podrán ser extraídos por nuestros hijos y nietos. En el caso de Chile, si bien nuestras reservas de cobre son importantes y el motor de la economía nacional, no son eternas. Por eso, un sentido de justicia entre generaciones llama a invertir en innovación y capitalizar las utilidades en conocimientos, ciencia y tecnología, distribuyendo los bienes para los que vendrán.

“Más que hijos de nuestro pasado, hay que ser padres de nuestro futuro” escuché decir con sabiduría en un reciente foro. La Revolución Digital trae transformaciones sociales donde la participación democrática tendrá nuevas formas de expresión y aportará nuevos parámetros de vida, con especial cuidado del planeta. La tarea reclama ser abordada con una mirada de justicia hacia las próximas generaciones. Es esencial tenerlo presente ante los cambios que nos hemos propuesto y, junto con organizar mejor las sociedades, dejar un entorno más preparado para que las futuras generaciones efectivamente puedan vivir en un planeta digno y biodiverso, tal como lo anticiparon sus antecesores. Ahí la justicia intergeneracional habrá sido completa.

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