La contienda que en estos momentos enfrenta a Google y Facebook con las autoridades de Australia ha sido seguida con especial interés en el mundo, desde luego no solo por lo llamativo de sus protagonistas -las dos mayores tecnológicas del mundo-, sino porque está en juego una regulación que podría sentar precedentes a nivel global, en cuanto a la forma de regular el pago por contenidos que hoy no son remunerados por los grandes buscadores. El origen de la discordia descansa en un proyecto de ley que presentó el gobierno a fin de obligar a las plataformas tecnológicas a negociar con los medios de comunicación un pago por las noticias que los motores de búsqueda suben a sus plataformas; si no hay acuerdo, re recurrirá a un arbitraje.

Aunque la norma todavía no se aprueba -si bien parece gozar de amplia transversalidad en el parlamento australiano-, Facebook ya reaccionó y ha bloqueado la posibilidad de subir noticias en Australia. Google en algún momento amenazó con retirar todo el motor de búsqueda de dicho país, si bien la compañía ha moderado su postura.

La tensión entre los medios de comunicación y las grandes plataformas tecnológicas se ha agudizado en los últimos años, pues éstas han acaparado el grueso de la inversión publicitaria en el mundo digital, valiéndose del tráfico de contenidos que ellas no generan y por el cual muchas veces tampoco pagan. Esta desbalanceada forma de operar ha afectado de manera especial a los medios de comunicación en todo el mundo, que en los hechos invierten en la elaboración de contenidos que permiten a terceros lucrar sin recibir pagos por derechos de autor.

Internet se ha definido sobre todo por ser un espacio libre y abundante en contenidos gratuitos. Estos atributos han hecho posible el acceso a la información de una forma sin precedentes en la historia de la humanidad, y nadie duda de los beneficios que ello ha traído a nivel global. Pero lo que muchos sienten ya como un derecho a la gratuidad también ha hecho desaparecer la percepción de que existen costos para generar estos contenidos, y que como en cualquier actividad se generan derechos de propiedad que deben ser respetados. Para el caso de los medios de comunicación, el justo pago por sus contenidos implica que podrán seguir existiendo, lo que resulta fundamental en un mundo donde proliferan las noticias falsas así como los intentos por sofocar la libertad de expresión.

Es un paso que en el conflicto que tiene lugar en Australia esté sobre la mesa que los derechos de propiedad no pueden ser ignorados. Pero dar con una legislación apropiada, que equilibre todos los intereses en juego, prueba ser extremadamente complejo. Lo demuestra la pugna australiana, pero también España, pues desde que se dictó la nueva ley de derechos de autor, y que obliga a los buscadores a pagar un canon a los editores, Google News cerró sus puertas en dicho país a partir de 2014.

No está claro si la solución apropiada serán los acuerdos caso a caso o una regulación general que entregue directrices globales, pero lo concreto es que el debate ya está abierto y Chile no debería restarse a esta discusión.