Tras el acuerdo nacional por la paz alcanzado en el Congreso, donde se concordó el inicio de un proceso constituyente con miras a una nueva Constitución, comienza ahora la difícil tarea de contener las expectativas -hay una equivocada idea de que el mero hecho de tener una nueva Carta Magna resolverá por sí los problemas que arrastra el país- y brindar certezas cuando lo que se avecina es un período de alta incertidumbre, no solo frente a la devastación económica que está produciendo el vandalismo descontrolado, sino también la inquietud propia que genera cualquier proceso donde las reglas constitucionales comienzan a dictarse bajo la forma de una "página en blanco". El Congreso debe demostrar que sabrá estar a la altura de las circunstancias para enfrentar estos desafíos, tal como lo estuvo para el reciente acuerdo político.

La violencia, manifestada ya sea a través de saqueos, vandalismo y destrucción de la propiedad pública y privada, ha continuado con posterioridad al acuerdo por la paz, si bien en menor magnitud, aún con la suficiente intensidad para provocar graves trastornos en la ciudadanía e impedir que el país pueda retomar su normalidad. En el texto del acuerdo se lee expresamente que los "partidos que suscriben (…) vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público". Tal compromiso no puede quedar en el vacío. Ello lleva implícito que se utilizarán todas las herramientas que provee el orden institucional, y su incumplimiento o renuncia supondría que el acuerdo ya partió viciado. En ese mismo orden de cosas, sin garantías de que la violencia o el amedrentamiento serán sofocados, la propia discusión constituyente se hará muy difícil, ya que las partes no se sentirán en plena libertad de defender sus convicciones sin ser objeto de presiones. A la luz de todo lo anterior, resulta evidente que el orden público es la piedra angular de todo el acuerdo y, por lo mismo, debe ser la prioridad del Ejecutivo y el Congreso. El Estado no puede dar la impresión de que ya no tiene la capacidad de establecer el orden.

Se avecina un período difícil, para lo cual será fundamental que el Congreso actúe responsablemente. Los tiempos que tomará la discusión constitucional exceden el acotado margen con que se cuenta ahora para abordar las urgencias más apremiantes que ha expresado la ciudadanía movilizada. Por ello, los parlamentarios deben abocarse a tramitar la agenda social propuesta por el Ejecutivo -ingreso mínimo garantizado, medicamentos, aumento del pilar solidario en materia previsional, entre otros-, lo que debiera ayudar a bajar la tensión. Pero sentido de urgencia no puede ser sinónimo de irresponsabilidad. La indicación parlamentaria aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados en el proyecto sobre Ley de Presupuestos, tendiente a incrementar en 50% la pensión básica solidaria -la propuesta del Ejecutivo contempla un aumento de 20%-, no solo es una señal de que las pulsiones populistas están aflorando, sino que, además, reviste especial gravedad debido al precedente que se está sentando.

En momentos en que probablemente se verificará un cuadro recesivo en la economía, y el gasto fiscal estará sometido a fuerte presión -con ingresos disminuyendo-, es indispensable que se mantenga la confianza en que las instituciones del país sabrán manejar esta crisis con decisión y con apego a las reglas fiscales y constitucionales, porque de lo contrario la señal que se está dando es muy negativa para efectos de levantar las expectativas.

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