La erradicación del trabajo infantil es uno de los consensos morales y jurídicos más incuestionables del mundo desarrollado. Ninguna sociedad que se pretenda justa permite que el peso del sustento económico o productivo recaiga sobre las espaldas de los niños; y ello por un asunto de principios, más allá de cualquier cálculo de conveniencia. Pues bien, guardando las distancias del caso, en pleno siglo XXI la legislación chilena sostiene una violencia silenciosa en contra de las mujeres. Por una parte, no garantiza el acceso a sala cuna a los niños de padres y madres trabajadoras, obstaculizando, en la práctica, la inserción laboral de las madres. Por otra parte, castiga la contratación femenina y su salario al imponer costos a su contratación ligados al cuidado de los niños en empresas con al menos veinte trabajadoras.

¿Cuáles son las consecuencias de esta política? Baja participación laboral femenina en comparación con los países latinoamericanos, una de las brechas salariales de género más altas de la región, tasa de desempleo femenino significativamente más alta que la masculina, mayor tasa de pobreza femenina, que explica en parte importante la altísima tasa de pobreza infantil, y una tasa de fecundidad de 0,99 hijos por mujer, una de las tasas más bajas del mundo. Por cierto, el Código del Trabajo no es el único responsable, pero sin duda colabora. En Chile, uno de cada cuatro niños vive bajo la línea de la pobreza. La Encuesta Casen (2024) muestra que la mayor parte de estos niños vive en hogares monoparentales de jefatura femenina, donde el factor determinante es el hecho de que la mujer no trabaje. La contracara de esta fragilidad es el aporte que hacen esta y millones de mujeres al PIB ampliado. El Banco Central (2021) estimó que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que realizan las mujeres aporta 17,5% al PIB ampliado, siendo 2,2 veces superior al aporte de los hombres. ¿Puede decirse justa una sociedad cuya economía se sostiene sobre el trabajo invisible y no remunerado de las mujeres a costa de la pobreza de sus propios hijos?

Atendiendo a la dureza de los datos, resulta incomprensible que aún no contemos con una política de sala cuna universal, que asegure igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. La discusión parlamentaria sobre el financiamiento del proyecto de ley deja en evidencia la frivolidad con la que nuestra clase política ha abordado este asunto. Lo fundamental del proyecto de sala cuna no es la sala cuna en sí misma, sino reparar un trato discriminatorio contra las mujeres y reconocer que el cuidado de los niños es responsabilidad tanto de las madres como de los padres, así como de la sociedad en su conjunto. Es tarea de todos contribuir a la construcción de una sociedad más justa, donde tener un hijo no deba ser sinónimo de pobreza, renuncia o carga, sino de bienestar, realización y responsabilidad compartida. Precisamente en esa dirección apunta el proyecto de ley.

El rechazo a la fórmula de financiamiento en el Senado dejó la iniciativa en un limbo peligroso. Sin un Fondo solidario y sostenible, el derecho a sala cuna se convierte en una promesa vacía. Por cierto, el proyecto actual no satisface a todos; a mí tampoco. A unos les preocupa el copago, a otros que se financie con recursos destinados al Seguro de Cesantía, a mí me gustaría que se incluyeran a las salas cunas que reciben recursos fiscales vía transferencia de fondos, pero la pregunta de fondo que los parlamentarios han esquivado es otra: ¿acaso no es infinitamente más preocupante el statu quo?

El costo de seguir postergando esta política lo pagan las mujeres y los niños. Legislar la Sala Cuna Universal no es un debate sobre fríos equilibrios presupuestarios ni un mero reparto de beneficios laborales: es un imperativo ético de primer orden. Cuando la política se enreda en nimiedades y posterga lo esencial, no solo falla en la técnica; abdica de su deber moral más básico con la justicia.

Por Sylvia Eyzaguirre, Directora General de Humanidades, U. San Sebastián.