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Chile cambió

Santiago, 12 de noviembre 2019 Miles de personas protestan en una nueva jornada de protesta contra el gobierno del presidente Sebastian Piñera. Ramon Monroy/Aton Chile RAMON MONROY/ATONCHILE

Hoy se cumplen 7 años desde el Estallido. En vidas y en destrucción física, no se compara con los terremotos de 1960 y 2010. El daño a nuestro desarrollo, sin embargo, lo posiciona entre los eventos más dañinos de la historia de Chile. El año siguiente al 27F, que costó un 18% del PIB, Chile creció 6%. Un terremoto destruye la infraestructura, pero no la confianza. El Estallido dinamitó la imagen que teníamos de nosotros mismos. El país estable y aburrido, pero trabajador y predecible, fue arrasado por sus propios ciudadanos durante meses.

Las razones de este cataclismo nunca han quedado totalmente claras. Mi explicación es una mezcla de cosas. Primero, expectativas de desarrollo frustradas: un país creciendo a media marcha ya no ofrecía progreso. Se construyó sobre eso la tesis del modelo agotado. La falta de progreso, provocada a mi juicio en buena medida por las reformas de Bachelet 2, se interpretó, en pleno auge woke, como falta de dignidad, destruyendo el consenso que nos hizo uno de los países de mayor crecimiento del mundo. Detrás de buena parte del reclamo de “la marcha del millón de personas” había, creo, una demanda de progreso.

Segundo, la acción de vanguardia de los agitadores profesionales, que buscan siempre explotar cualquier conflicto, en especial cuando gobierna la derecha. Tuvieron su momento estelar y su validación, aplaudidos a rabiar, encapuchados, en el ex Congreso. Una imagen de terror visual y sobre todo moral.

Tercero, el cierre del metro, forzado por los ataques, lanzó a decenas de miles a calles convulsionadas ese viernes en la tarde, aumentando la frustración y el nerviosismo generalizados.

Y cuarto, y en realidad primero, la reacción de los políticos. En vez de canalizar y calmar, la izquierda le echó parafina al fuego con versiones descabelladas del actuar policial, tildando de dictador en cosa de horas a un presidente democráticamente elegido, quemando toda vía de entendimiento. Otros, cobardes, callaron. El gobierno, sobrepasado y aislado, cometió errores, aunque menos de los que pudo haber cometido dado el desastre que le tocó enfrentar.

El costo inmediato fue devastador. El Imacec cayó 3,4% en octubre y 3,3% en noviembre, las peores cifras en 10 años. El Banco Central recortó su proyección de crecimiento a menos de la mitad cuando el año ya estaba jugado. Para 2020, antes del Covid, pronosticó una caída de 4% en la inversión. Las ventas del comercio en Santiago cayeron 18,5% en noviembre. Hubo 165 mil despidos antes de que terminara el año. La incertidumbre económica saltó 94%, a su segundo nivel más alto desde que se mide, mientras el dólar marcaba un récord de $828, pese a que el Central anunció la mayor intervención cambiaria de su historia: hasta USD 20.000 millones, la mitad de sus reservas.

La destrucción fue gigantesca: 118 estaciones de metro afectadas, 7 completamente incendiadas y 18 parcialmente destruidas. USD 255 millones en reparaciones. Hacienda estimó las pérdidas en infraestructura en USD 1.400 millones entre activos públicos y privados, incluyendo supermercados, iglesias y teatros. Las aseguradoras proyectaron pagos de hasta un 40% de lo que desembolsaron por el 27F. Clases perdidas, PSU funada. 30 muertos. Ese fue el balance inmediato de cómo Chile había cambiado.

Luego vino la larga cola. Sus efectos se mezclaron con el otro cisne negro, la pandemia, que vació las calles y muy probablemente salvó a la democracia chilena. El país se hizo irreconocible: las ciudades se rayaron, aparecieron toldos y carpas por todos lados. Barrios enteros se perdieron. Valparaíso jamás se recuperó. Avanzaron la violencia y el narco. En el contexto del proceso constituyente, hijo natural del Estallido, salieron del país más de USD 30.000 millones. Una política enloquecida optó por medidas como los retiros, las 40 horas, propuestas tributarias descabelladas y un texto constitucional delirante. Poco bueno salió de ahí. La PGU y, en cierta medida, el acuerdo previsional, que vino años después, son excepciones honrosas.

El balance de largo plazo es también muy negativo. 46% de inflación punta a punta, alimentada en parte por los retiros. La deuda pública pasó del 28% a 42% del PIB. El desempleo subió de 7% antes del Estallido al actual 9,6%. El PIB per cápita, que entre 1990 y 2013 nos llevó del 41% al 80% del de Portugal, ya venía frenándose desde 2014. Tras el Estallido prácticamente dejó de crecer. Esperábamos alcanzar a Grecia en 2026 y a Portugal en 2030. Ahora no tenemos para cuándo.

Es verdad: nos salvamos de los peores escenarios. Pero quedó un daño estructural que tomará décadas resolver. Muchos de los problemas por los que la gente reclamó siguen ahí. Es tarea de la clase política resolverlos. También encauzar las pulsiones de la sociedad. Nunca más quienes ejercen alguna posición de liderazgo deben alentar y aprovechar una rebelión usando a “jóvenes idealistas” como carne de cañón para acceder al poder.

Chile cambió, sí. Y no para bien. La lección es clara: las mentiras envueltas en sueños si cuestan. Y cuestan caro. Al día siguiente hay que despertar. Y seguir desde un lugar peor. Sólo el trabajo y la responsabilidad nos sacarán adelante. Ese aprendizaje debe convertirse en una convicción compartida por la inmensa mayoría: nunca más un octubre de 2019.

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