Por cada 10% que el salario mínimo encarece el costo laboral, las empresas más expuestas eliminan entre 7% y 8% de sus puestos. El dato no viene de un gremio ni de un centro de estudios: lo presentó hace pocas semanas el Banco Central, que además ubica a Chile entre el 10% de 187 países donde más han subido los costos laborales por hora.

Es la contabilidad de una palabra. Esa palabra fue dignidad. Se pintó en los muros de octubre de 2019 y, legítima como aspiración, inspiró una agenda que quiso cumplirla por ley: alzas sucesivas del salario mínimo, jornada de 40 horas y mayor cotización de cargo del empleador. Cada medida tenía su justificación; juntas, elevaron el precio de contratar. El Banco Central estima que el desempleo de una economía normalizada estaría entre 8,2% y 8,8%, uno o dos puntos sobre el de hace una década. Aunque la actividad repunte, una parte de la cesantía se quedará si no se corrigen sus causas. Y golpea donde más duele: uno de cada cuatro jóvenes de 15 a 24 años no encuentra trabajo, y quienes buscan su primer empleo aumentaron 23,2% en un año. Qué ironía que muchos adolescentes que salieron a la calle en 2019 sean hoy los que esperan su primera oportunidad.

Frédéric Bastiat lo advirtió en 1850: el buen economista distingue lo que se ve de lo que no se ve. Se ve el sueldo más alto de quien conservó su empleo; no se ve el contrato que nunca se firmó. La política sufre el mismo sesgo. Pocas escenas rinden tanto como la entrega de un computador, con alcalde, parlamentario y padres emocionados; no se ve que, según la Dipres, en 2018 cuatro de cada diez beneficiarios ya tenían uno, ni que el programa acumula cinco evaluaciones negativas. La paradoja es elocuente: hoy el Fisco destina recursos a subsidiar la contratación que esas mismas leyes encarecieron. Ya que lo hace, que al menos pague por empleos nuevos y no por reemplazos.

La otra promesa de esos años fue que el Estado podía con todo. No pudo ni consigo mismo: las licencias médicas falsas y los convenios sin rendición adecuada mostraron que la capacidad de gastar creció más rápido que la de controlar. La cuenta llegó, y con intereses. La deuda pública pasó de 28% a 41,5% del PIB entre 2019 y 2025, y el último año cerró con un déficit estructural de 3,7%, más del doble de la meta comprometida.

Los tres retiros previsionales movilizaron más de US$45 mil millones, presionaron la inflación y adelantaron el consumo de una vejez que llegará igual. Que hoy el PDG evalúe un cuarto retiro muestra que la lección no se aprendió: es la misma receta, con el desempleo como nueva excusa, y la vieja tentación de pensar en la próxima elección antes que en la próxima generación.

Frente a esa lógica de corto plazo, el Presupuesto 2027 plantea un enfoque distinto. Más que discutir si es austero (el gasto real crece), lo importante es su orientación: no se busca un Estado más chico, sino uno con menos grasa y más músculo. Salud, el mayor aumento en pesos, sube 4,7%; seguridad pública, 7%; la inversión pública, 8,8%. Y la evaluación tiene consecuencias: los programas mal evaluados caen en promedio 18% y los objetados técnicamente, 35%. El déficit estructural bajaría de 2,3% a 1,8% del PIB, justo cuando el Banco Central y el FMI anticipan un repunte en 2027, con medio punto que el instituto emisor atribuye a la Ley de Reconstrucción. Se puede discutir cada partida, pero no la dirección: dejar de prometer lo que no se puede financiar. Con todo, el presupuesto no es una varita mágica: ninguna partida deshace lo que una ley encareció. Eso exige otras leyes, empezando por una reforma laboral que devuelva adaptabilidad sin precarizar.

Este mes se saldó otra deuda de octubre. Tras tres años de tramitación, el Congreso despachó las Reglas del Uso de la Fuerza, con 111 votos en la Cámara y 29 en el Senado. Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas tendrán por fin un marco legal claro y gradual, que protege al ciudadano y al funcionario que actúa conforme a la ley. En 2019, las policías enfrentaron la crisis sin ese respaldo.

La lección del aniversario no es que la dignidad fuera una demanda ilegítima, sino que no se decreta. Una ley puede fijar el salario mínimo, pero no obligar a nadie a contratar; puede prometer derechos, pero no financiarlos sin crecimiento. La dignidad que se puede medir es más modesta, pero más exigente: un empleo formal, una calle segura y una pensión que no se gastó por adelantado. Dicho en tres verbos, la dignidad se contrata, se patrulla y se ahorra. Lo demás es consigna: se pinta en un muro, pero no se firma.