Las políticas públicas suelen avanzar como un péndulo. Primero corrigen en exceso; luego, con la experiencia, descubren que llevaron la solución demasiado lejos y, en el mejor de los casos, encuentran un punto de equilibrio.

Algo de ello ocurre con el Sistema de Admisión Escolar. Hace casi diez años, el segundo gobierno de Bachelet legisló para, ante supuestas prácticas discriminatorias de algunos establecimientos, privar a todos los colegios de cualquier incidencia en la conformación de sus comunidades educativas. En nombre de la igualdad, terminó entregando al azar un rol protagónico.

La experiencia demuestra que ese diseño merece ser revisado. Hoy, en los establecimientos con sobredemanda, el 85% de quienes postulan a ellos como primera preferencia no cumple ningún criterio legal de prioridad, por lo que el algoritmo debe resolver mediante sorteo. En I° medio, esa cifra se acerca al 90%. El azar, que debía ser excepcional, terminó convirtiéndose en el principal criterio de asignación en los cupos más demandados.

Por eso es una buena noticia que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo reconozca que el problema no es el SAE ni su algoritmo, sino la escasa información con que opera cuando la demanda de cupos supera la oferta; que las familias no eligen colegios al azar y que los proyectos educativos tienen una identidad valorada por ellas.

Ahora bien, vale la pena preguntarse si la propuesta del Mineduc es la que mejor concilia los objetivos de la reforma. La iniciativa crea una etapa de “elección mutua”, en la que determinados establecimientos podrán desarrollar sus propios procesos de admisión. Ello amplía su autonomía, pero también abre espacio para controversias sobre cuándo una decisión responde legítimamente al proyecto educativo y cuándo constituye una discriminación arbitraria. Si no se definen con suficiente precisión los estándares que permitirán distinguir una actuación legítima de una infracción, se generará una incertidumbre que perjudicará no sólo a los establecimientos sino también a las familias: si un colegio pierde la posibilidad de utilizar este mecanismo, los futuros estudiantes volverán al sistema vigente, reinstalando el azar precisamente donde se buscaba reducirlo.

En ese sentido, sería interesante evaluar una alternativa donde los establecimientos puedan definir criterios adicionales de priorización acordes con su proyecto educativo y que el algoritmo los aplique cuando exista sobredemanda. Así, se conservarían las fortalezas del SAE —ventanilla única, transparencia y reglas conocidas— mientras se reduciría el peso del azar y se fortalecería la libertad de enseñanza. Podría ser este un punto de equilibrio que permita conciliar las distintas posiciones planteadas en estos años.

Por Trinidad Schleyer, Libertad y Desarrollo