La bancada del PC denunció ante el Servicio Electoral una presunta infracción del diputado Kaiser a la ley de partidos políticos, debido a expresiones relativas a su eventual apoyo a un nuevo golpe de estado, si se dieran circunstancias equivalentes a las que existían en 1973. El Servel declaró que, analizada la denuncia, la “considera seria, plausible y de mérito suficiente para iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la colectividad (Partido Nacional Libertario) y su presidente (Johannes Kaiser)”. Algo no está bien aquí y no es para nada trivial.

En Occidente hay bastante acuerdo que no todos los discursos son aceptables. El estado democrático de derecho es incompatible, por ejemplo, con la negación de la igual dignidad de todos los seres humanos y su consecuencia primordial, que es la igualdad ante la ley. Es razonable que las democracias prohíban la difusión de ideas racistas o, en general, lo que se entiende como discursos de odio. Por cierto, en esa categoría debería caer, entre otros, el de la lucha de clases, en su versión marxista clásica que llama a destruir de manera violenta el orden social “burgués”.

El problema está en que el principio precedente tiene que materializarse de manera que sea compatible con un derecho fundamental: la libertad de expresión. En una sociedad libre todos deben poder expresar su visión sobre cualquier materia. Ese derecho básico, sólo puede restringirse de forma excepcional, únicamente cuando es indispensable hacerlo para resguardar precisamente la libertad de todos.

También es imprescindible, y constituye un derecho tan fundamental como los anteriores, que la determinación de qué discurso es lícito, y cuál no, es -y siempre debe ser- una atribución exclusiva y excluyente de un órgano jurisdiccional. Con todo respeto al Servel y sus integrantes, es aberrante que mediante un “proceso administrativo sancionatorio” se discuta y establezca el marco dentro del cual deben encuadrarse los discursos políticos, pueda impedirse la expresión de alguno y sancionarse a determinadas personas, por más que pudieran existir recursos posteriores de carácter judicial. Se abre una puerta cuya peligrosidad para la democracia es inconmensurable.

El ejercicio de los derechos fundamentales entregados a la decisión de órganos administrativos es la negación del estado de derecho. Imposible no recordar la discusión sobre el secreto bancario, el que se pretende levantar también por meras decisiones administrativas.

El Servel realiza una labor extraordinaria en la organización y desarrollo de las elecciones, pero su Consejo está integrado por personas representativas de partidos políticos que, para estos efectos, son incumbentes. Es evidente el conflicto de interés y el riesgo de que ellos decidan quiénes pueden competir y quiénes no.

No apoyo ni refuto las expresiones del señor Kaiser, pero su licitud debe decidirse en un tribunal independiente, que resuelva en derecho. De eso se trata vivir en democracia, tanto o más que votar.