Discutibles énfasis legislativos del Ejecutivo

El gobierno ha anunciado los énfasis de lo que será su agenda legislativa para los próximos meses, donde destaca el poner urgencia al proyecto que busca consagrar la eutanasia, además de una batería de iniciativas en materia educacional, como la condonación del CAE y la “deuda histórica” de los profesores. El plan del Ejecutivo es poder desplegar estos proyectos entre septiembre y octubre.

Estos anuncios han generado cierto nivel de desconcierto, incluso dentro de las propias filas oficialistas, porque se trata de prioridades que distan de aquellas en que el propio gobierno ya venía trabajando en el Congreso, lo que hace suponer que habrá un recargo en la agenda legislativa que podría demorar u obstaculizar el avance de otras materias que para el país son fundamentales.

Las propuestas que serán motivo de un impulso legislativo forman parte del programa de gobierno que fue comprometido ante el país, de manera que en sí no resulta reprochable que el Ejecutivo busque colocarlas en tabla, si bien son materias en las que previsiblemente existirán fuertes desacuerdos con la oposición. El mayor cuestionamiento viene por el lado de la oportunidad en que tendrá lugar esta agenda, considerando que en el Congreso ya se están tramitando una serie de reformas de gran envergadura -en varias de las cuales es evidente el retraso o las dificultades para llegar a acuerdos-, en tanto que ninguna de ellas se enmarca dentro de las preocupaciones expresadas por la propia ciudadanía, donde a su juicio la delincuencia, salud y pensiones (encuesta CEP junio-julio 2024) son las materias -en ese orden- a las que más debería abocarse el gobierno. Educación aparece en el cuarto lugar, pero dudosamente el interés parecería centrado en cuestiones como la condonación del CAE.

Insistir en estos momentos en una agenda como la que ha delineado el gobierno parece responder a la necesidad de dirigirse a las bases más comprometidas del oficialismo, seguramente en la línea de transmitir que las grandes cruzadas prometidas en campaña no han sido abandonadas. Pero ello debería a su vez armonizarse con la realidad legislativa y la necesidad de no perder el rumbo en aquellas cuestiones que ya han sido definidas como prioritarias. Al examinar el quehacer del Congreso, se observa que la agenda de seguridad -en la cual oficialismo y oposición habían acordado priorizar una serie de proyectos de ley- ha experimentado retrasos; a ello se suma que enero del próximo año fue fijado como plazo tope para despachar desde el Senado a la Cámara la reforma previsional, en tanto que antes de octubre el Presidente debe presentar una batería de proyectos para reformar el sistema de salud, sin que aún haya desaparecido el riesgo de que las Isapres puedan entrar en insolvencia. También parece indispensable impulsar las reformas que requiere el sistema político.

El gobierno debe ser consciente de las implicancias de recargar la agenda legislativa en este momento -que además coincide con la antesala de un período electoral-, porque el riesgo es que no solo se frustre su deseo de avanzar en estos proyectos que ha decidido enfatizar, sino que además se entrampen las otras reformas que ya se discuten y que sintonizan mejor con las necesidades más apremiantes del país.