El eslabón más fuerte

La violencia sigue y seguirá presente en Chile, porque es un elemento consustancial al proceso político hoy en marcha; porque la lógica destituyente y refundacional que lo define no se explica sin ella, y porque un sector relevante de la sociedad le reconoce resultados virtuosos. Pero las inclemencias que ahora nos sacuden no son muy originales; en rigor, al menos desde la década del 60 la violencia ha sido concebida por unos y por otros como un factor decisivo para impulsar cambios políticos y sociales, o para impedirlos.

Hace dos años, la destrucción asociada al estallido social terminó siendo el verdadero origen del cambio constitucional, aunque pocos han tenido la valentía intelectual de Fernando Atria para reconocerlo abiertamente. Los demás simplemente se niegan a “criminalizar la protesta social”, o en el Congreso votan en contra de las leyes antisaqueos y antibarricadas, promoviendo el indulto a los presos de la revuelta.

La Convención decidió que el simbólico día para iniciar la redacción de la nueva Carta Magna debía ser el 18 de octubre, aniversario del estallido social. Fue otro reconocimiento: el texto debía comenzar a escribirse mientras el centro de Santiago era vandalizado, cuando tiendas y supermercados eran objeto de saqueos en muchas comunas, en el momento en que los accesos del cerro Santa Lucía ardían y diversas comisarías eran atacadas. Nadie podría decir que no sabía que en dicha jornada muchas de esas cosas iban pasar. Por una razón de política profunda, deliberadamente se buscó hacer coincidir ambas circunstancias.

Una de las razones por las cuales un sector de la “elite progresista” no tiene objeciones existenciales frente a la violencia es obvia: la destrucción asociada al estallido social ha sido tremendamente “clasista”; la viven y la sufren los sectores más vulnerables, las capas medias y los pequeños comerciantes. Si algo de lo que el lunes pasado se vivió en las comunas de Santiago, Maipú o Puente Alto hubiera ocurrido alguna vez en los territorios donde vive esa elite, si hubieran sido sus supermercados y restoranes los que terminan vandalizados, desde el comienzo la actitud de políticos y parlamentarios de todos los sectores habría sido muy distinta. Pero la inmensa mayoría de ellos “vive” el fenómeno de la violencia solo a través de los noticieros.

Son los motivos por los cuales esta realidad no tiene salida: una violencia que es sociológicamente considerada la expresión legítima de malestares diversos; que ha sido políticamente eficaz para demoler la “herencia de la dictadura” en todas sus dimensiones; para confirmar también que en Chile la derecha jamás podrá dar garantías de gobernabilidad y, por último, donde sus impactos no golpean los territorios donde la elite hace su vida.

Dicha violencia -proyección de miedos y anhelos ancestrales- está llamada a seguir siendo un eslabón decisivo en el proceso de transformaciones en el que hoy se encuentra embarcada la sociedad chilena.