Por Martina Yopo, PhD. Escuela de Sociología, Universidad Diego Portales

El próximo 4 de septiembre, Chile realizará un nuevo plebiscito nacional para aprobar o rechazar el texto de la nueva Constitución. Y lo que está en juego -quizás en una de las elecciones más importantes después del retorno a la democracia- es, entre otras cosas, la construcción de un orden social más inclusivo, que respete, reconozca y valore a sectores de la población históricamente excluidos.

El Banco Mundial (2014) define la inclusión social como el proceso de mejorar la habilidad, la oportunidad y la dignidad de las personas que se encuentran en desventaja debido a su identidad, para que puedan participar en la sociedad. En términos concretos, la inclusión social se traduce en un mejor acceso a servicios básicos, educación, salud, trabajo, vivienda y protección social, y también una mayor participación en instancias de representación y toma de decisiones. La inclusión social importa no solo porque es clave para el bienestar individual, el respeto de la dignidad de las personas y de los derechos humanos, sino también porque los costos sociales, políticos y económicos de la exclusión son muy altos y se asocian con subdesarrollo del capital humano, aumento de la conflictividad social y descenso de la productividad económica de los países.

La nueva Constitución es una oportunidad para avanzar en la construcción de un orden social más inclusivo. Pero, ¿cómo se traduce esto en términos concretos?

En primer lugar, el derecho al cuidado estipulado en el borrador (275/Art.10) es fundamental para lograr una mayor inclusión de las mujeres en la economía. Los roles tradicionales de género y la feminización del trabajo de cuidado y doméstico no remunerado están a la base de la exclusión de las mujeres del mercado laboral, afectando su autonomía económica y acceso a protección social. Por ejemplo, datos del INE (2021) muestran que durante mayo-julio de 2020 hubo un alza de 593% en mujeres que declararon no buscar trabajo por razones familiares como consecuencia del cierre de escuelas, jardines infantiles y salas cuna durante la pandemia del Covid-19.

Asimismo, establecer que la educación será de acceso universal (282/Art.17) es fundamental para lograr una mayor inclusión de jóvenes vulnerables en el sistema educativo y fortalecer el desarrollo de capital humano. A pesar del aumento sostenido de la matrícula de educación superior, siguen existiendo barreras importantes que segmentan el ingreso y permanencia de acuerdo con el nivel socioeconómico. Como sugiere el Informe ‘Desiguales’ del PNUD (2017), la mayoría de los estudiantes de estratos medios y bajos en la educación terciaria estudia en instituciones de escasa calidad y tiene altas tasas de deserción. Así, el sistema educacional opera como un medio de transmisión intergeneracional de las desigualdades socioeconómicas.

Por último, establecer un Estado Plurinacional e Intercultural (5/Art.4) es esencial para consolidar el reconocimiento de los pueblos indígenas, fortalecer el respeto a sus derechos, y profundizar su inclusión en espacios políticos, sociales y económicos. En Chile, el ser indígena aumenta la vulnerabilidad a la pobreza y discriminación. Datos de la CASEN (2017) muestran que la población indígena se encuentra sobrerrepresentada en los primeros quintiles de ingresos y un estudio del INDH (2017) señala que el resto de la población los caracteriza como personas violentas (81,6%) y flojas (69,1%) que no son trabajadoras (63,1%) ni educadas (73,4%).

Pero si la nueva Constitución representa un avance significativo para la construcción de un orden social más inclusivo, ¿por qué se promueve su rechazo? En parte, y parafraseando a Judith Butler (2022), porque en sociedades sexistas, clasistas y racistas, muchas personas construyen su identidad a partir de la superioridad ficticia que emerge de las jerarquías sociales y las asimetrías de valor que derivan de ellas. Estas asimetrías de valor están a la base de las diferencias en el reconocimiento de derechos y distribución de oportunidades, así como también de los obstáculos para lograr una mayor inclusión social. Por ello, rechazar la nueva Constitución es rechazar una oportunidad única de construir un orden social más inclusivo, en el que todos, sin importar su género, clase o etnicidad, puedan ser respetados, reconocidos y valorados en la sociedad.