El debate en torno a la Ley de Reconstrucción tomó un cariz peligroso. Bajo la premisa de dar seguridad jurídica, se instaló una figura inaceptable: que el Estado indemnice a las empresas si sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) son revocadas por los tribunales. Lo que se presenta como garantía a la inversión es un incentivo que empuja en la dirección equivocada.

Si el Estado garantiza una indemnización ante la caída judicial de una RCA, presentar proyectos mal diseñados o inviables cuesta mucho menos. Se crea un negocio redondo para la negligencia: una empresa puede presentar un proyecto fallido, montar un despliegue legal de primera línea y lograr una aprobación administrativa circunstancial. Si la justicia corrige después la falla, el erario financia el fracaso del titular.

La Planta de Producción de Sales de Potasio SLM NX Uno de Peine, del Grupo Errázuriz, en el Salar de Atacama, es el ejemplo perfecto: una iniciativa rechazada durante años por los gobiernos de Piñera, Bachelet y Boric —tres administraciones de signos políticos distintos—, por deficiencias de fondo: falta de consulta indígena, modelación hidrogeológica insuficiente, ausencia de antecedentes básicos. Este Gobierno, sin embargo, le otorgó su RCA. Pero si un tribunal ambiental la dejara sin efecto, la ley que se termina de despachar obligaría al Estado —a todos nosotros— a indemnizar a la empresa que tres gobiernos rechazaron por hacer mal las cosas. Ahí está la trampa: hoy la aprobación no cuesta nada; el día que se revise, quedamos todos pagando el fracaso ajeno.

¿Por qué las grandes mineras que operan bajo estándares internacionales rara vez terminan en estos callejones? Porque sus proyectos son robustos: se hacen cargo de la consulta indígena y llegan con la línea de base que corresponde. Un buen expediente resiste el escrutinio; uno malo necesita que alguien lo blinde.

Y quiero ser precisa, porque este debate se presta para la caricatura: acotar los plazos de tramitación ambiental no solo es razonable, es necesario. No es sano que una iniciativa pase años enredada en recurso tras recurso, ni que la incertidumbre se vuelva una forma de veto. Ahí el Estado sí tiene un rol: poner reglas de tiempo claras, también para las mineras serias. Pero certeza sobre los plazos no es lo mismo que impunidad sobre el fondo: una cosa es garantizar que un proyecto se resuelva en un tiempo razonable; otra muy distinta es asegurarle al titular que, aunque su proyecto sea malo, igual le pagaremos. Lo primero ordena la inversión; lo segundo blinda el fracaso.

Aprobar este articulado es premiar la negligencia. Chile no necesita leyes que subsidien la debilidad técnica ni una red de seguridad para quienes pretenden saltarse los estándares básicos. El día que revocar una RCA en tribunales se transforme en un buen negocio, habremos premiado aquello que la institucionalidad ambiental debe filtrar. El Estado no debe ser el garante del fracaso privado, sino el de la sostenibilidad del país.

Por Tatiana Klima, socia directora Criteria Comunicaciones.