La aparición de actos de corrupción en la justicia criminal chilena debilita el sistema inmunológico del Estado. Cuando fiscales, jueces o policías, activos o retirados, abusan de su poder para promover intereses propios o favorecer a organizaciones criminales, se sacrifica el bienestar colectivo, se resquebraja la confianza en la justicia y se erosiona el respeto por las instituciones llamadas a garantizar el orden y la seguridad pública. Un sistema de justicia criminal donde se enquista la corrupción no solo genera impunidad, también facilita la instalación del crimen en la vida cotidiana.

A pesar de la visibilidad que han tenido algunos actos de corrupción en la justicia chilena, el país sigue gozando de buena salud en materia de probidad: es el segundo mejor ubicado de América Latina en el “índice sobre Estado de Derecho” 2025 (tras Uruguay), y ocupa el puesto 32 entre 143 países en el indicador “ausencia de corrupción en el Estado”. Sin embargo, son preocupantes algunas señales de retroceso, pues la caída de 5 puntos porcentuales en ese indicador entre 2015 y 2025 se concentra en los subindicadores de la justicia criminal: Chile cae al puesto 40 en probidad judicial y al 45 en probidad dentro del sistema penal, sus peores ubicaciones en materia de corrupción.

La experiencia comparada muestra con claridad que tan riesgoso como el ejercicio torcido de un cargo público es el abuso de poder de quien lo abandona. Por eso la Unión Europea prohíbe a jueces y fiscales litigar como particulares o intervenir ante la unidad en que trabajaron, durante un número definido de años tras su retiro. Pero esas restricciones solo funcionan si existen órganos que la fiscalicen y sancionen, razón por la cual se exige al exfuncionario declarar sus nuevas actividades por un período determinado. Detectar vínculos entre funcionarios, en ejercicio o retirados, y organizaciones criminales es igual de decisivo; de ahí que otra práctica extendida en la experiencia comparada sea la delación compensada, que premia con rebajas de pena al funcionario que entrega información sobre personas u organizaciones que los sobornan.

Afortunadamente, Chile está tomando algunas decisiones correctas para mejorar los estándares de probidad en el sistema de justicia criminal. El Ministerio Público creó en 2026 la Unidad de Supervisión de la Persecución Penal y una División de Probidad, Integridad y Auditoría Interna. A nivel parlamentario resulta interesante la tramitación de un proyecto de ley (denominado mediáticamente como el “proyecto de ley Steinert”) que establece a los exfiscales una inhabilidad por dos años para asumir cargos de confianza política. Ambas medidas son destacables porque crearán mecanismos para para prevenir el abuso de poder en la esfera pública. Pero queda aún pendiente generar mecanismos para prevenir el uso torcido que se puede hacer del estatus de exautoridad en el mundo privado. Para ello, crear obligaciones de declaración de patrimonio o de actividades profesionales para funcionarios del sistema de justicia criminal permitiría monitorear potenciales conflictos de interés hacia el futuro y limitar espacios para que la corrupción infecte a nuestra justicia y continúe mermando la confianza ciudadana en las instituciones.

Por Ulda Omar Figueroa, Coordinador Estudios en Justicia Centro UC Justicia y Sociedad