En búsqueda de una justicia ciudadana



SEÑOR DIRECTOR

Desde hace años que en nuestro país escuchamos una frase que se repite ante cada caso de corrupción o, más recientemente, a raíz del estallido social: en Chile se encarcela a la pobreza. El estudio “Necesidades jurídicas y cursos de acción del ciudadano ante las barreras de acceso a la justicia”, realizado por este Centro de Estudios para el Poder Judicial, confirma esta percepción sobre el acceso a la justicia en Chile.

Entre las más de 4 mil personas consultadas en las 16 regiones del país, el 80,8% cree que las personas pobres generalmente obtienen peores resultados en el sistema de justicia. En contraposición, 68,3% opina que la justicia solo “funciona” para los ricos. Ambas cifras dan cuenta de que el sistema judicial no llega a todas las personas bajo las mismas condiciones. Además, un 60% de los encuestados piensa que el sistema de justicia es lento, corrupto y caro, características que se traducen en que solo un 11% inicia demandas a pesar de tener problemas jurídicos civiles que ameritan la intervención del aparato legal. El estudio también arrojó que el 91% de las personas que no realizaron demandas señaló no hacerlo porque expresó que el sistema judicial les genera desconfianza.

El acceso a la justicia no se mide por resultados exitosos ni por sentencias favorables. Un buen estado del acceso a la justicia en un país depende, entre otras cosas, de la justicia de los procesos, de su oportunidad, de su transparencia y de la calidad y accesibilidad de la información que se entregan a las partes. Solo de esa forma es posible revertir estos datos negativos sobre la justicia en Chile.

Lamentablemente, casos como el del incendio de la empresa Kayser que recientemente fue reflotado por una investigación periodística, confirman las diferencias de acceso a la justicia entre grupos privilegiados y desaventajados. Por sobre todo, muestran un actuar pasivo, lento e indolente de parte del Ministerio Público.

Es de esperar que una nueva Constitución tome en cuenta que la justicia y sus instituciones están para servir a los ciudadanos, y no al Estado o a los fines organizacionales de las instituciones que sustentan el sistema de justicia.

Pablo Carvacho

Director del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica

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