La complejidad de la vida moderna ha derivado en políticas públicas cada vez menos accesibles para un ciudadano común, a la vez que los efectos sistémicos de esas decisiones se han vuelto menos predecibles. Este fenómeno se encuentra en la base de la desconfianza institucional, ya que las barreras cognitivas entre el público y los asuntos públicos trasladan el juicio desde las materias en discusión hacia los actores que las discuten. En otras palabras, si no entiendo lo que se está debatiendo, solo resta intentar descifrar a quienes promueven una u otra opinión, así como sus intenciones e intereses. De este modo, muchas de esas discusiones, a ojos de un ciudadano común, parecen ajenas al interés general, derivando en lo que peyorativamente se llama “discusiones de elite”.

Este calificativo ha vuelto a la agenda a propósito de la discusión sobre si la reforma constitucional presentada por el gobierno en el marco de su agenda de seguridad es iliberal o no. Entre quienes la defienden, algunos han argumentado que para el vecino de un barrio tomado por narcos esta discusión no tiene importancia alguna. Y es cierto. Lo mismo se dijo respecto de la Constitución, de las reformas al sistema político y electoral, y es fácil decirlo para relativizar la relevancia de políticas públicas más específicas, como podría ser una reforma al mercado de capitales. El asunto es que todo esto es de la mayor importancia para las personas, aunque en las encuestas de opinión pública ninguno de estos temas figure entre las prioridades. Ahí radica precisamente el sentido de las elites: discutir y decidir sobre materias ásperas y grises, lejanas a los deseos ciudadanos, pero cercanas a sus necesidades. También radica en hacer esas materias más accesibles a la ciudadanía, un esfuerzo fundamental para nuestra democracia, pero que jamás generará una simetría entre el conocimiento de las elites y el de la ciudadanía. En Estados Unidos nadie preguntaba por las hipotecas subprime en las encuestas, pero terminaron desencadenando una crisis global, con millones de personas sin empleo, sin ahorros y sin vivienda.

Muchas discusiones de elite son frívolas e irritantes para la ciudadanía, especialmente las disputas insignificantes o los caprichos identitarios. Pero una buena parte se refiere a asuntos de la máxima relevancia, etiquetados por sus opositores como temas “de elite” con la sola intención de evitar una discusión contraria a sus intereses. Una elite conectada con la ciudadanía no es la que se limita a hablar de cárceles y hospitales. Es la que atiende lo que la ciudadanía quiere, pero también lo que necesita, aquellos asuntos que se esconden en los laberintos de la complejidad moderna y cuyos efectos tienen un alto impacto en el progreso o estancamiento de la sociedad. La discusión sobre la iliberalidad de la reforma constitucional recientemente presentada por el gobierno es, en buena hora, una discusión de elite, una que debe resolverse atendiendo tanto las urgencias como los riesgos.

Por Rafael Sousa, socio en ICC Crisis, profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP.