La subsecretaria de Salud Pública dio a conocer recientemente una Guía Práctica de Salud Mental y Prevención del Suicidio orientado a estudiantes de la Educación Superior, una medida acertada cuando en el país hay más de 1.800 suicidios al año, cifra que excede la de aquellos que mueren en accidentes de tránsito. El fenómeno ya constituye la primera causa de muerte en la población entre 20 a 25 años, lo que desde luego resulta especialmente preocupante. La constitución de mesas técnicas del Ministerio de Salud con autoridades universitarias para abordar estas materias también ha permitido focalizar la atención en estudiantes que en distintos planteles han hecho ver su preocupación por lo que allí ocurre.

Se trata de un paso que se suma a la guía para abordar y prevenir los riesgos en los establecimientos escolares, al Plan Nacional de Salud Mental y al hecho de que cuatro enfermedades de alto impacto -esquizofrenia, depresión en personas de 15 años o más, trastorno bipolar en el mismo rango de edad y consumo perjudicial o dependencia de alcohol y drogas en menores de 20 años- estén reconocidas en el sistema de Garantías Explicitas de Salud (GES), entre otras medidas. Sin embargo, estos esfuerzos aún parecen insuficientes a la luz de la magnitud del problema, considerando que de acuerdo con la Encuesta de Salud Pública 2016-2017, el 20% de la población sufre algún tipo de problema de salud mental, y que las licencias médicas de esta naturaleza han aumentado 50% en cinco años; asimismo, el incremento en el consumo de alcohol y drogas -especialmente en menores de edad- evidencian el gran desafío que significa para las políticas y sistemas de salud.

Es fundamental que se avance en brindar un mayor grado de atención y se destinen los recursos necesarios que permitan un mejor acceso a especialistas y tratamientos, junto con la continuidad de éstos, especialmente en regiones más allá de la Metropolitana. La discusión presupuestaria que se avecina debe necesariamente hacerse cargo de esta realidad, considerando que del presupuesto total destinado a salud, apenas una fracción se destina a problemas relacionados con la salud mental. Asimismo, una población que envejece demandará una atención especial en este ámbito que requiere anticiparse.

Sin perjuicio de lo señalado, las políticas relacionadas con la salud mental no solo deben poner énfasis en lo curativo, sino potenciar muy fuertemente la detección temprana de factores que permitan prever la manifestación de los problemas o una atención prematura de patologías mentales. Puesto que la salud mental comprende "el bienestar emocional, psicológico y social" de las personas, desde esa perspectiva resulta fundamental generar condiciones y espacios que posibiliten una mejor integración y mayor desarrollo social, especialmente de quienes presentan mayores factores de vulnerabilidad. Creación de grandes áreas verdes, fomento del deporte, hábitos saludables de alimentación y actividades extracurriculares para niños y adolescentes -así como talleres para la tercera edad- son algunas medidas útiles para reducir riesgos de adquirir patologías mentales.