“Vuelvo a reiterar con total transparencia, hay un dato dentro de toda la tramitación de este proyecto de Ley que fue presentado desactualizado y es un error involuntario de parte del Ejecutivo”, dijo el subsecretario subrogante de Pesca, Javier Rivera en el Congreso, ante un error en la información para la tramitación de la Ley de Fraccionamiento, que definirá cómo se reparte la extracción de merluza entre pesqueras industriales y artesanales.

Ante el error -que subestima la extracción real por parte de los industriales, lo que impacta en la discusión de las cuotas-, el ministro de Economía Nicolás Grau (FA, ex CS) pidió al Congreso repetir la votación de la Ley. Algo que sucederá el próximo martes 3 de junio, pero en medio de las exigencias de renuncia del subsecretario Julio Salas (FA ex CS, ex PS) e incluso del propio Grau.

El bochornoso episodio se suma a una lista de errores de esta administración, todos “involuntarios” por definición axiomática, pero que muestran un cuadro desolador respecto de sus capacidades técnicas y del sentido de responsabilidad de las autoridades.

Ejemplos hay por semana, pero son dos los casos que preocupan más y demuestran la erosión del nivel técnico. Se trata de los errores reiterados de la Dirección de Presupuestos, a cargo de Javiera Martinez (FA, ex RD) del antes inmaculado Ministerio de Hacienda y de la fallida compra de la casa de Salvador Allende, cuya ilegalidad fue ignorada por una legión de abogados de las más diversas reparticiones, que terminó costándole el cargo -entre otras autoridades- a las entonces ministras de Bienes Nacionales y Defensa, Marcela Sandoval (FA, ex RD) y Maya Fernández (PS),y la destitución de la senadora Isabel Allende.

¿A qué se debe esta plaga de errores?

Lo obvio es apuntar al adelgazamiento de las competencias y trayectorias de los servidores públicos, pero lo más de fondo son los criterios que imperan en los nombramientos.

En esto pareciera que el gobierno de Gabriel Boric sufre de una cierta tecnofobia o rechazo del pedigrí de la élite técnica-intelectual, que le impide nombrar a los profesionales más competentes en los cargos técnico-políticos más relevantes, optando por cuadros menos calificados, pero probablemente más fieles.

Esta especie de tecnofobia está en la identidad de las nuevas generaciones -aunque también en parte de la vieja izquierda-, pues ha surgido como respuesta a la construcción de una tecnocracia que se inició en dictadura y se prolongó durante la democracia, la que es supuestamente incapaz de conectar con la emoción y las necesidades del electorado, pues solo ven tablas excel, algoritmos y gráficos de crecimiento económico, pero nada de la subjetividad del pueblo.

Ideas que se fijaron, pues al dejar a ingenieros y economistas las más importantes decisiones de políticas públicas, terminaron descuidándose aspectos claves del arte de la política, como lo fue, por ejemplo, subir $30 el pasaje del metro en octubre de 2019. Esta tecnocracia falló indesmentiblemente con el estrepitoso ‘mejor censo de la historia’ que prometió Sebastián Piñera en 2012, el que hubo que repetirlo por mal concebido y mal hecho.

Pero, está claro que la solución no es poner a cargo de los aspectos técnicos crecientemente difíciles del país a aquellos más dispuestos a participar en comisariatos o autos de fe, sino que a los más competentes -lo que incluye la capacidad de seguir criterios políticos tan claros como flexibles-, sin esperar de ellos una lealtad perruna, pero sí un gran compromiso social y un profundo orgullo profesional.

Ya lo decía Eduardo Frei Montalva muchos años atrás: “el país no puede ser pacto de tecnócratas, pero necesitamos a la tecnocracia como un factor cooperante”.

Por Cristóbal Osorio, profesor de derecho constitucional, Universidad de Chile.