Desde hace rato ya la ciudadanía viene sintiendo en primera persona los efectos que derivan del magro crecimiento económico que ha tenido Chile en los últimos años, siendo la precariedad laboral el reflejo más visible del problema. Es por ello que cualquier cifra que se vaya conociendo sobre la evolución de los niveles de actividad es mirada con especial atención, con la esperanza de ver en esas cifras un indicio de recuperación.

Luego de que se anunciara que en el pasado mes de junio la actividad económica creció un 3,1 por ciento, las autoridades de gobierno pregonaron que la economía estaba entrando a una nueva etapa, y el propio exministro Marcel habló de un punto de inflexión, y que paulatinamente íbamos a comenzar a acercarnos a niveles de crecimiento del PIB de 3 por ciento, dejando así atrás el lastre que ha significado una expansión promedio durante los últimos años en torno a 1,8 por ciento. Pero recién conocidas la semana pasada las cifras de julio, que mostraron un crecimiento de solo 1,8 por ciento, el espejismo empieza a desvanecerse y lo que se observa en el horizonte es un panorama con más nubarrones. De hecho, el informe recién dado a conocer por el comité de expertos que anualmente convoca el ministerio de Hacienda para estimar el crecimiento de tendencia del PIB (excluyendo la minería), con excepción de un salto transitorio este y el próximo año (2,6 por ciento), muestra un promedio para el período 2026-2030 de solo 2,1 por ciento. Lo que muestra esta cifra es que todavía no están las bases para sustentar un crecimiento más elevado en forma permanente, de manera que es importante no engañarse a partir de buenas cifras puntuales que pudieran reportarse en uno u otro mes en particular.

Ante este panorama, es imperativo que el próximo gobierno coloque todas sus fichas para salir de este terreno pantanoso desde el primer día, ya que de lo contrario van a continuar incubándose frustraciones en la población. El tema del empleo es particularmente sensible, por cuanto el déficit en la generación de nuevos puestos de trabajo sigue siendo muy significativo. El apoyo a la inversión destrabando proyectos debería ser el eje central de la gestión de gobierno en los seis meses que le restan, por cuanto ese va a ser el gatillo de nuevas contrataciones. Lo que no se entiende es que, siendo conocida por todos la emergencia laboral que estamos viviendo, el gobierno impulse en las postrimerías de su mandato un proyecto para introducir la negociación colectiva ramal, lo que sería altamente perjudicial para las empresas de menor tamaño dentro de una industria, por cuanto se le van a colocar estándares y niveles salariales que no van a estar en condiciones de cumplir, perjudicando así a sus propios trabajadores, la productividad de la economía y debilitando el potencial de crecimiento. Justo lo opuesto a lo que se necesita.

Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad, U. del Desarrollo