Hay quienes apuestan a que “lo valórico”, es decir, las convicciones personales del Presidente Kast permanecerán en su fuero íntimo durante su gobierno, tal como ocurrió en la campaña. Seguramente piensan que, dado que Kast no emplea un vocabulario incendiario contra agendas feministas o de diversidad sexual, a diferencia de Milei; ni promueve, como Orbán, políticas natalistas xenófobas, el riesgo está conjurado. Sin embargo, esa aproximación tiende a obviar, ignoro por qué, las crecientes evidencias de familiarismo.

¿Qué es el familiarismo? Es una visión política que considera a la familia una pieza clave para el desarrollo de los valores y fines públicos. A la familia se le atribuye, directa o indirectamente, la generalidad de las obligaciones de cuidado, protección y seguridad de la ciudadanía (lo cual es funcional al vaciamiento de las políticas sociales).

Hay varios ejemplos de familiarismo en la gestión del gobierno. En su pasada cuenta pública, Kast afirmó tener “la convicción de que muchos de nuestros problemas tienen su raíz en el debilitamiento de la familia. Por eso, fortalecer a la familia es fortalecer Chile”. Si bien esas palabras “telonearon” el anuncio del Plan Chile Renace –previsto para enfrentar la caída de la natalidad–, revelan conexiones con otras iniciativas. De hecho, la ley de escuelas protegidas remite indirectamente a las familias. Dicha ley se apoya en el proyecto de responsabilidad parental, enviado al Congreso, en junio pasado. Este último busca que “los padres se hagan cargo de sus hijos”, instalando un inédito dispositivo de monitoreo judicial de competencias parentales, para prevenir y castigar daños en la crianza (previsiblemente, algunas formas de violencia escolar).

Tal giro de la agenda de seguridad, de lo público a lo privado, ha pasado desapercibido. Casi tanto como la notable desaparición de las mujeres y de sus derechos de la mayor parte de los documentos oficiales; y su reemplazo por la fórmula “familias chilenas”.

¿De qué familias habla el gobierno? Parece ser que no de todas, sino de una específica: la familia tradicional. Si esa premisa es cierta, es útil a la hora de interpretar tanto lo que se dice como lo que no, respecto de otras iniciativas legales en trámite en el Congreso, como las relativas a la gestación subrogada y la ovodonación. Mientras el gobierno evita equiparar a las parejas homosexuales (una de las destinatarias principales de estas técnicas) con las parejas heterosexuales, invoca, a través de la ministra Marín, la dignidad de las mujeres y la no instrumentalización de sus cuerpos (argumentos feministas que brillan por su ausencia en otros debates) para deslizar solapadamente objeciones a la gestación subrogada. Sin embargo, las preocupaciones feministas no apuntan a proteger la familia tradicional, sino la agencia femenina, evitando fenómenos de explotación. Por eso, con los debidos resguardos, las regulaciones altruistas o solidarias son compatibles con esas preocupaciones.

Por Yanira Zúñiga, profesora Instituto de Derecho Público Universidad Austral de Chile